A pesar de su trascendencia, aún no se ha convenido colectivamente qué es "patrimonio", de manera que la sociedad lo comprenda y valore. Patrimonio es un cúmulo de información histórica y cultural, tanto física como intangible, que le da forma y sentido a una sociedad. Proteger el patrimonio es proteger la identidad de esa sociedad. El concepto de "nación" se define en torno a rasgos históricos y culturales específicos; por lo tanto, el patrimonio está intrínsecamente ligado a la idea de nacionalidad.

El patrimonio se puede proteger a través de instrumentos legales, que son principalmente normativos, tanto a nivel municipal como nacional. En nuestro Estado la responsabilidad recae en el Consejo de Monumentos Nacionales, que pronto será una dependencia del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio -nótese que el nuevo ministerio incorporará explícitamente la dimensión patrimonial- y a través del cumplimiento de convenios internacionales suscritos.

Sin embargo, ningún Estado es capaz por sí solo de proteger el patrimonio, porque la mayor parte de éste está en manos de privados. Por lo tanto, es imprescindible involucrarlos a ellos, a propietarios y a la industria inmobiliaria para que se hagan parte de su protección. Esto se puede lograr con incentivos económicos y tributarios, que algunos ya operan en Chile hace años; asistencia técnica, que se debería entregar desde el gobierno local o nacional; y readecuaciones de normas constructivas y ordenanzas urbanísticas. Este modelo existe en otros países; en Latinoamérica hay ejemplos exitosos de gestión del patrimonio con mecanismos de incentivos a la inversión privada, como en Quito, Ecuador; Cuzco en Perú, Cartagena de Indias en Colombia, Colonia en Uruguay, numerosas ciudades brasileñas y argentinas. En todas ellas la participación del sector privado ha sido fundamental.

El otro actor clave es la ciudadanía. En EE.UU. y en Europa Occidental los procesos de valorización del entorno han surgido en los últimos 40 años principalmente desde la ciudadanía organizada, y en Chile este proceso empezó a consolidarse ahora, un par de generaciones más tarde. Para que el proceso de desarrollo urbano tenga éxito, la ciudadanía debe ser un actor relevante en igualdad de condiciones que autoridades e inversionistas, en todos los procesos de diseño y desarrollo urbano, sean patrimoniales o no.

Es importante considerar que la participación no es una mera consulta. En Chile, debido a factores histórico-políticos y al retraso en incorporar la democracia en procesos de desarrollo, suponemos que la participación es un plebiscito; pero esto es justamente lo que menos interesa. Participación real y constructiva es incorporar a la ciudadanía desde el comienzo del proceso, para consensuar qué es lo que hay que hacer. También es necesario capacitar e informarla en los temas de valorización del patrimonio y sobre todo en los propios desafíos de la participación. Participar no es espontáneo; requiere de la misma voluntad y compromiso que para ir a votar Para que la ciudadanía se involucre, tiene que ser educada en ese sentido, y ese rol sí que lo debe asumir el Estado.