Señor Director:

El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado una querella por el delito de obstrucción a la investigación contra quienes resulten responsables en relación con la presunta manipulación de pruebas en la llamada "Operación Huracán".

Los hechos que se han conocido por la ciudadanía y que están siendo investigados, de ser finalmente efectivos mostrarían una forma de actuar de funcionarios del Estado tremendamente grave. Es que en esta materia hay que ser claros: el Estado tiene el deber de investigar y sancionar los delitos, especialmente los que afectan la integridad de las personas. También tiene el deber de brindar protección a las víctimas, especialmente en el caso de los delitos violentos.

Sin embargo, de la misma forma, hay que señalar que en ello no caben atajos, pues la persecución penal debe realizarse en plena conformidad a la ley y respeto de los derechos humanos. De otra manera se pone en cuestión la esencia misma de un Estado de Derecho, donde los órganos del Estado actúan en conformidad al ordenamiento jurídico y a los derechos de las personas.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a la obligación que tienen los estados de implementar políticas de seguridad que tengan en cuenta el derecho a las garantías procesales y a la protección de los principios fundamentales del derecho penal, reconocidos internacionalmente como la presunción de inocencia.

En la llamada "Operación Huracán", de ser cierta la manipulación de evidencias por parte de funcionarios policiales para inculpar de la comisión de delitos a determinadas personas, afectaría la correcta administración de justicia. Pero, además de ello, esos actos habrían implicado una grave afectación a la presunción de inocencia, al debido proceso y a la libertad de ocho personas que estuvieron 27 días privadas de libertad. Se trataría de vulneraciones a derechos fundamentales básicos garantizados en nuestra Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro país.

La investigación de estos hechos debe ser exhaustiva, y de existir delitos, estos deben ser sancionados. La manera en que esta cuestión se resuelva por parte de nuestras instituciones es clave para reafirmar que en un Estado democrático de Derecho los delitos deben ser perseguidos con pleno respeto a los derechos fundamentales.

Rodrigo Bustos Bottai
Jefe Unidad Jurídica Judicial del INDH