Hace casi tres décadas, se inició el Sistema de Concesiones en Infraestructura Pública, cuando las autoridades de la época reconocieron que nuestro desarrollo podría verse mermado a causa de las carencias en dicho ámbito y que el presupuesto fiscal no sería suficiente para revertirlo. Este enfoque permite que, bajo contratos con el Estado, privados asuman la responsabilidad de construir para luego cobrar por la utilización de la infraestructura. Las carreteras son el ejemplo más conocido de esta alternativa.

Con algo de tardanza, a partir del año 2007, los hospitales se incorporaron al sistema de concesiones. La medida buscaba abordar el déficit histórico de Chile en la infraestructura del sector, cuya magnitud quedó en evidencia y se agudizó tras el terremoto de 2010. Así, los primeros hospitales construidos a través de concesiones fueron los de Maipú y La Florida, los que están operativos desde febrero de 2014. Este enfoque vino a complementar la construcción a través de licitaciones, alternativa más usada por el Estado de Chile para la infraestructura hospitalaria.

Sin embargo, en 2014 el entrante gobierno de Michelle Bachelet decidió que no se construirían más hospitales a través de concesiones, sino que la totalidad de estos se desarrollaría con fondos del Estado. La modalidad sería la de licitaciones tradicionales. La decisión implicó anular los procesos de concesión que estaban en marcha (hospitales Marga-Marga y Quillota-Petorca). Asimismo, se optó por no concesionar los hospitales de Talca, Linares y Curicó. El argumento oficial fue que no había duda respecto de que la construcción de hospitales vía licitaciones sería más barata que a través de concesiones. La tesis levantó dudas en esa oportunidad. La evidencia se ha encargado de confirmarlas.

La reciente información respecto de los costos de construcción asociados a los 28 hospitales licitados por el Estado bajo la administración de la Nueva Mayoría obliga a analizar objetivamente el modelo de construcción de hospitales. Si bien existe alguna heterogeneidad, "El Mercurio" analizó los resultados y estos indican que el costo promedio de estos proyectos licitados alcanzó los 65,7 UF/m2, valor superior a los 63 UF/m2 considerados como referente para los hospitales concesionados en 2014 y que significó su exclusión como alternativa. Cabe también destacar que, en esa oportunidad, el equipo técnico del Ministerio de Salud argumentó que el valor de un hospital construido con recursos públicos sería de solo 35,4 UF/m2, monto que, como se ve, estaba muy alejado de la realidad. La evidencia además indica que no solo los costos promedio de construcción son menores en concesiones, sino también los retrasos en la entrega de los proyectos. En cuanto a los factores cualitativos, los hospitales concesionados de Maipú y La Florida presentan mayores niveles de satisfacción de los usuarios que los gestionados a través de la modalidad tradicional (Bastías, 2016).

Las recientes estadísticas indican que se debe revisar a la brevedad la decisión de no concesionar hospitales, más aún si se tienen en cuenta el déficit en infraestructura hospitalaria y la deteriorada situación fiscal que hereda la administración de Sebastián Piñera. Concesiones efectuadas correctamente pueden contribuir a hacer frente a las listas de espera AUGE y al aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas, aliviar la demanda ciudadana por mejor infraestructura e incentivar la inversión en el sector, entre otras cosas. Chile requiere buenas políticas públicas y eso implica aprender de los errores.