El alcalde Daniel Jadue nuevamente nos remece reinventando la sensatez y creando para la comuna de Recoleta una inmobiliaria popular.

En la misma línea que la anterior botica, la iniciativa busca ofrecer una opción de mercado resguardada, en donde las familias puedan acceder a viviendas en arriendo con la tranquilidad de que se les cobrará un precio justo y se maximizará su inversión en un producto de calidad. De cierta forma, se trata de salvaguardar a los más vulnerables de la voracidad del sistema, ofreciéndoles un pequeño refugio. Es loable y replicable, sin duda; pero tan solo una gota de esperanza en un inmenso océano de necesidades.

Inquieta que esta sea, por lejos, la más vistosa discusión pública sobre vivienda social del último tiempo -con elecciones presidenciales mediante- y que nos lleve a pensar que con estos 38 departamentos abrimos una puerta de entrada suficientemente ancha a una nueva era en política de vivienda. Sobre todo, en uno de los 30 países más urbanos del planeta (con un 90% de la población concentrado en ciudades), en la ciudad más desigual de la OCDE y en una región en donde el déficit habitacional quizás supera las 200.000 unidades. El problema es de grandes cifras.

Sí. Es relevante la incorporación de los municipios como gestores de vivienda de interés social. Lo es, también, desarrollar un modelo de arriendo protegido, especialmente útil para los extremos de la vida. Y, quizás, los gobiernos locales sean las entidades más apropiadas para gestionar la escala de esa problemática. Es imperativo, también, corregir la segregación socioespacial: permitir un acceso equitativo a la geografía de oportunidades, mejorando los barrios desaventajados e integrando a los más vulnerables en sectores de prosperidad. Sin embargo, la complejidad asociada a estas operaciones hace que no puedan ser abordadas de forma masiva en el corto plazo. Por mientras, las grandes operaciones de vivienda social entregadas al mercado inmobiliario, siguen relegando a los más necesitados a las posiciones más alejadas. El problema de la vivienda nunca acabará de aflojar y requerirá una acción estatal de gran arrojo y agresividad, porque, lamentablemente, el pequeño capitalismo popular de farmacias e inmobiliarias, no nos alcanza para contener la ola.