El resultado electoral ha colocado a las fuerzas progresistas de centroizquierda por mandato ciudadano en las filas de la oposición. La derecha, encabezada por Sebastián Piñera, vuelve a La Moneda con un sólido respaldo en segunda vuelta de un 55% de los votos, no obstante que estas fuerzas en el Parlamento también por mandato popular, ocurrido en la primera vuelta y en la elección de diputados y senadores, han quedado en minoría parlamentaria. Todos sabemos por normas constitucionales y por experiencias que el Ejecutivo es muy poderoso en nuestro país; sin embargo, dada la correlación de fuerzas expresada más arriba en ambas cámaras, a la oposición le cabe un papel muy relevante en su relación con el gobierno, con las fuerzas de derecha que respaldan a este y, sobre todo, con la ciudadanía.

Las tareas en consecuencia para la oposición política y parlamentaria frente al gobierno y al país son esencialmente dos. La primera tarea es de contención frente a la ofensiva de la derecha por retroceder o congelar los profundos cambios en la estructura de poder que significaron las reformas de Bachelet. En esta dimensión y de acuerdo tanto al programa de gobierno de la derecha como diversas entrevistas a ministros designados del futuro gobierno, cabe prender la alarma.

Por ejemplo, en materia laboral hay dos planteamientos de la derecha a los que debemos hacerles frente, ambos planteamientos, coherentes con la lógica neoliberal, pretenden restarle fuerza al sindicalismo. Es así como intentarán ampliar los servicios mínimos durante la huelga, lo que implicaría un debilitamiento de la principal arma de lucha de los trabajadores para mejorar sus condiciones de trabajo y de salario. Lo mismo ocurre con la idea de legitimar los denominados grupos negociadores, que es otra forma de debilitar al sindicato.

En materia educacional, el cerco se ha corrido hacia un sistema más justo y más inclusivo, no obstante, durante años escuchamos y leímos a los líderes de la derecha, incluyendo entre estos al Presidente electo, su rechazo a la ley de inclusión, en otras palabras, la reivindicación del copago, del lucro y de la selección. Tenemos que estar atentos a esa memoria histórica de la derecha. Las otras leyes en el ámbito educacional están consolidadas. Nadie de la derecha públicamente ha cuestionado la carrera docente, el impulso a la educación preescolar, la desmunicipalización y la gratuidad para el 60% más vulnerable en la educación superior.

También debemos estar atentos a cualquier pretensión de modificar, vía decreto, la ley de aborto terapéutico en tres causales, que constituye también una demanda pública de la derecha. Pero quizás la contención que debemos efectuar como oposición más fuerte es al intento públicamente expresado de bajar la carga tributaria al 1% más rico de Chile. Esto se expresa en una entrevista al futuro ministro de Hacienda, en un diario de circulación nacional, hace dos domingos. El planteamiento de rebajar el impuesto de primera categoría del 27% al 25% y además volver a integrar el sistema, tendría un costo fiscal de alrededor de 2.700 millones de dólares menos.

Entre paréntesis, les recuerdo a los lectores que dicha reforma y su recaudación permitieron los avances en salud, educación y pensiones. Una rebaja de esa magnitud aumentaría el déficit fiscal y claramente favorecería al segmento de mayores ingresos, dado que la opción de las empresas que tomaron entre el sistema integrado y parcialmente integrado, este último que se beneficiaría, está constituido fundamentalmente por las grandes empresas.

Si la oposición frente a estos proyectos pudiera plantear una contrarrespuesta no estaría de más proponerle al Gobierno un aumento inmediato de las pensiones del pilar solidario, lo que beneficiaría a 1.300.000 pensionados por la vía de subir el tramo máximo de segunda categoría o de global complementario del actual 35% al 40%, que "perjudicaría" a solo 41.000 contribuyentes. Lo anterior sería una prueba de la "blancura" para constatar dos cosas anunciadas por el futuro gobierno; su interés por mejorar las pensiones de los más pobres y nula vinculación con defender los intereses de las personas de mayores ingresos. No está de más recordar que lo anteriormente propuesto calza financieramente en forma perfecta, por cuanto subir el tramo mencionado genera 300 millones de dólares al fisco, que es precisamente el costo por mejorar las pensiones aquí y ahora en un 15%.

La segunda gran tarea de la oposición es dialogar con el país y en este diálogo, entre múltiples temas, está ese otro Chile, el que no se ve en la industria del lujo, por ejemplo, dos millones de chilenos viviendo bajo la línea de la pobreza; 40 mil familias viviendo en campamentos; medio millón de viviendas que nos faltan; el 80% de los trabajadores no están sindicalizados; el 94% de los trabajadores no negocian colectivamente su salario ni sus condiciones de trabajo; los atrasos en la atención de salud; el matrimonio igualitario con adopción; el fortalecimiento de los futuros gobiernos regionales y los actuales gobiernos comunales, etc.

La oposición, en consecuencia, para cumplir las propuestas mencionadas, debe dialogar tanto con la derecha en La Moneda y en el Parlamento, como principalmente con la ciudadanía.