Chicago es una gran ciudad. Sus rascacielos, la Av. Michigan, el Instituto de Arte, el Millennium Park, el Loop (como se conocen los casi tres km de metro elevado del centro), el río, el lago, la combinación encandila. Pero todo aquel que haya pasado más de un par de semanas en la ciudad de los vientos sabe también de sus graves problemas de segregación residencial, un resultado, al menos en parte, de calamitosas políticas sociales.

A la ciudad todavía le pena haber alojado por décadas algunos de los más infames "proyectos" -edificios de departamentos públicos con arriendos subsidiados para pobres (¿le suena conocida la idea?)- de los que EE.UU. tenga memoria. El Cabrini-Green, ubicado cerca del centro, fue el símbolo visible de esa mala política hasta su cierre (2010) y posterior demolición (2011). La alcaldía nunca pudo contra la violencia, crimen y drogadicción de su entorno. La promesa de mejorar las oportunidades de sus residentes quedó en nada. Millones de dólares fueron despilfarrados en el desastroso experimento que terminó generando un gueto. El daño estaba hecho. Lo que había que hacer entonces era sacar a las familias de los "proyectos". Ante el fracaso del Estado, ¿por qué no tratar el mercado?

Así, en 1992 el Congreso norteamericano aprobó el programa "Mudarse a oportunidades". ¿La idea? Vouchers para arriendo y servicios de apoyo en la búsqueda de viviendas ayudarían a familias a salir de vecindarios con altos niveles de pobreza. Los resultados brindaron esperanza: efectos positivos de largo plazo, principalmente en niños que se cambiaron de barrio antes de los 13 años. ¿Mudarse luego de los 13? Mínimos beneficios. Son demasiados años de vida en un ambiente desfavorable. Y es que tal como lo describe crudamente Matthew Desmond en su libro "Evicted", el mercado no puede hacerse cargo de todas las necesidades al interior de esas familias. Un subsidio o voucher puede dar acceso transitorio a una mejor vivienda, pero no resuelve los problemas más profundos de vivir y crecer bajo la pobreza. Allí sí se requiere más y mejor Estado.

Si algo han dejado las iniciativas públicas destinadas a resolver el problema de vivienda para los más vulnerables, es que lo simple puede ser más difícil que lo complejo.

La "inmobiliaria popular" del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se perfila como un nuevo ejemplo de esto. La idea promete cobrar un "precio justo" a los vecinos más pobres de la comuna para residir en "proyectos" municipales. ¿Es esta la mejor solución? ¿Por qué amarrar a los recoletanos pobres a seguir residiendo en Recoleta? ¿Están allí sus oportunidades? Poco importan esas preguntas. Las ganas y la ambición (o ingenuidad) del alcalde pueden más. Sí, Chicago perdió la batalla contra los guetos "populares", pero en Recoleta la historia será distinta. ¿Con qué recursos? ¿Cuánto costará hacerlo? ¡Por favor, que alguien al menos esté haciendo esos números!