El empujón legislativo final del gobierno saliente, empeñado en completar su "legado" antes del receso estival y de la transmisión del mando, ha obtenido resultados mixtos.

La emblemática ley de financiamiento universitario -con eventual gratuidad universal y plagada de controles lesivos de la autonomía y la calidad- ha sido aprobada. El Sernac "con dientes" para intimidar a los proveedores inescrupulosos quedó en el camino, tras dictamen desfavorable del Tribunal Constitucional. La reforma previsional no consiguió el quórum necesario en sus artículos clave y -mutilada- seguirá su curso desde marzo en el Senado.

Es cierto que la Presidenta Bachelet podrá retirarse de La Moneda con la satisfacción de haber reconfigurado el debate nacional. Su gobierno supo llevar al primer plano temas hondamente sentidos por la ciudadanía, como el acceso a educación de calidad. Pero no acertó en dar con el remedio adecuado. En lugar de fortalecer la economía -única manera de contar con los recursos necesarios para ello-, propuso instaurar un nuevo modelo, con "derechos sociales garantizados" con cargo a impuestos que supuestamente afectarían solo a las rentas más altas. Erró medio a medio: al trabar los motores del crecimiento económico, perjudicó la capacidad financiera del Estado y tornó inviable su promesa de derechos sociales garantizados.

Por ello, la ciudadanía en el pasado proceso electoral rechazó -y por amplio margen- la opción continuista y respaldó el camino planteado por el ex Presidente Sebastián Piñera. La garantía estatal de educación accesible o pensiones dignas simplemente es inviable si no hay fuerte crecimiento económico, austeridad fiscal y cuidadosa selección de las prioridades presupuestarias. Su programa se propone reanudar el crecimiento económico y se compromete -con las disponibilidades fiscales resultantes- a atender las principales carencias en cuanto a oportunidades y seguridades.

Es con entusiasmo y sentido de responsabilidad que he aceptado la invitación del Presidente electo a asumir como ministro de Obras Públicas. El desafío es grande. Desde allí se diseña el Chile del futuro, con la vista puesta no solo en los próximos cuatro años, sino en las próximas cuatro décadas. Desde allí se levanta la infraestructura del desarrollo, la que nos acerca a unos con otros a través de nuestra larga geografía, nos conecta al mundo y nos hace más competitivos como país. Habrá que desanudar las amarras que retienen las inversiones en infraestructura pública y privada, y así contribuir a crear oportunidades, elevar la productividad y retomar la senda del desarrollo. Tras seis años colaborando desde esta importante tribuna, debo ahora dejarla y abocarme por entero a aportar a la construcción de los tiempos mejores.