Al día siguiente de las elecciones, el Primer Ministro de Gran Bretaña queda en condiciones de asumir el poder: se instala, hasta duerme en 10 Downing Street, la sede de gobierno. Los parlamentarios británicos, como en la mayoría de las democracias parlamentarias, cesan en sus cargos el mismo día de la elección.

En Francia transcurren quince días entre que el Presidente es electo y ejerce el cargo.

Es lógico que el cambio de mando sea lo más pronto posible: la voluntad popular se ha manifestado para renovar a sus representantes. Por lo mismo, en los Estados Unidos expiran los proyectos de ley que no se han aprobado durante una legislatura. En nuestro caso se acumulan para la siguiente.

¿Con cuánto respaldo y autoridad puede gobernar el Presidente saliente cuando se ha elegido a otro? Peor es el deterioro de su legitimidad si triunfa la oposición en la presidencia. Igual suerte corren los legisladores derrotados.

En Chile, en cambio, vivimos una fantasía. Durante casi cuatro o tres meses -dependiendo de si el candidato presidencial obtuvo o no el 50% o más de los votos en la primera vuelta-, todo sigue igual: por meses el Presidente y los parlamentarios salientes gobiernan y legislan como si hubiesen sido reelectos. No hay mucho respeto por la voluntad popular ni mayor consideración por la expiración de los mandatos y la dignidad de los electos. Para algunos salientes es la oportunidad del intento final para dar apariencia de cumplimiento de promesas electorales frustradas y de valorizar un supuesto legado. A última hora presentan una gran cantidad de proyectos de leyes que difícilmente podrían ser aprobados con seriedad. Más aun, el vértigo de perder sus cargos, en muchos casos, da espacios para extremar el uso del poder. Como si nada hubiese sucedido, se firman contratos y se toman decisiones que serán íntegramente de responsabilidad del futuro gobierno; por meses se continúan efectuando nombramientos de embajadores y para otros cargos en la administración pública y se promueven candidaturas de políticos del oficialismo en los organismos internacionales.

Mientras tanto, el Presidente electo se ve expuesto a desconsideraciones respecto de su categoría constitucional, como sucediera durante la visita papal. En el prolongado intervalo se ve privado de llevar adelante con prontitud el programa de gobierno reclamado y apoyado por la mayoría del electorado.

Ante el extenso tiempo constitucional entre las elecciones y la instalación del Jefe del Estado, cabe responsabilidad y prudencia en el ejercicio de los poderes presidencial y legislativo, que la ciudadanía ya ha sustituido.