Más allá de los análisis e interpretaciones que circulan sobre los resultados de las elecciones, estos confirman un cambio significativo en nuestro sistema político: la centroderecha triunfó con ideas que excedieron sus principios tradicionales, mientras la centroizquierda vio cómo las banderas que enarboló en la última década no sirvieron para articular un proyecto colectivo. La primera elección de Sebastián Piñera (en 2009) tuvo como eje la alternancia en el gobierno, pero en esta oportunidad la ciudadanía demandaba una mirada de futuro concreta, que solo Chile Vamos logró captar y representar.

La experiencia muestra que el progreso de los países va de la mano con su capacidad de construir una visión compartida, que contenga los anhelos más profundos de la población y que, al mismo tiempo, esté firmemente anclada en la realidad. Esto fue lo que los líderes de la Concertación lograron articular a fines de los 80, sentando las bases del enorme progreso en los veinte años siguientes.

Estos cambios generaron nuevas tensiones, producto de la brecha entre las aspiraciones de una ciudadanía renovada y la capacidad de la sociedad para satisfacerlas. Así, el debate de la izquierda, a mediados de la primera década del milenio, buscaba las estrategias para elevar los umbrales y estándares de las políticas sociales, especialmente en educación y salud. Dos desafíos indispensables para avanzar en esta dirección era un pacto fiscal que generara más recursos y la modernización del marco institucional del Estado. Este programa también buscaba mayor protagonismo de los ciudadanos y una gobernanza más abierta. Claramente, la izquierda mantenía la ventaja intelectual y política en los debates de futuro, que algunos asociaron con la elaboración del "relato" postransición, que apelaba entonces a la construcción de un país moderno, integrado al mundo y que avanzaba en equidad.

Sin embargo, el fracaso del Transantiago en 2007 y los malos resultados en las elecciones municipales en 2008, por mencionar dos hechos de amplia repercusión, interrumpieron este proceso reflexivo. Se encendieron las alertas en los partidos de la Concertación, abundaron las recriminaciones internas, se agudizaron las críticas entre "autoflagelantes" y "autocomplacientes", se multiplicaron los díscolos y la acción política terminó volcada a salvar los fines electorales de corto plazo.

Esta debilidad de los partidos tradicionales permitió que los movimientos sociales comenzaran a tener una creciente influencia en el sistema político. Organizaciones sindicales; deudores habitacionales; asociaciones de consumidores; federaciones estudiantiles; representantes de diversas minorías; movimientos regionales; deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE); agrupaciones de pensionados, y funcionarios públicos pasan al primer plano y la abundancia de recursos públicos en este período -el superciclo del cobre- extrema este cambio.

La multiplicidad de causas e identidades representadas por estos grupos, de una parte, y la tentación por alcanzar rédito político inmediato, por otro, desdibujó cualquier intento por construir un proyecto colectivo. Se acabó el "nosotros" construido previo al plebiscito del 88. La política se convierte en un arbitraje de demandas e intereses atomizados, que se dibujan como "derechos sociales", pero que es tan individualista como aquella que solo acepta la intermediación del mercado para asignar recursos.

La oposición al primer gobierno de Piñera, así como la Nueva Mayoría, se construyó a partir del vínculo que intentaron establecer los partidos con los distintos movimientos sociales. Ya no bastaba con ser ciudadanos, había que pertenecer a algún grupo para incorporarse al sistema. Hasta la meritocracia -que siempre fue una bandera de la izquierda- quedó subordinada a la pertenencia a grupos sociales o a partidos políticos.

La modernización del Estado y de las políticas sociales cedió a la presión de los grupos. Ahora el debate no es sobre la educación, sino sobre los estudiantes; no acerca de las pensiones futuras, sino de las del presente; no es sobre la eficiencia del Estado, sino las demandas de sus funcionarios; no es sobre la empleabilidad, sino de los sindicatos. En definitiva, la política de los movimientos sociales tiene menos de solidaridad y más de individualismo; menos de responsabilidad hacia lo colectivo y más de demandas privadas.

Es en este escenario que emerge el Frente Amplio, por lo que no sorprende que carezca de un proyecto colectivo, a pesar de la sana energía y el buen espíritu de sus seguidores. Su propuesta se reduce en forzar el sistema económico para satisfacer las demandas de diversos grupos, aún a costa de los objetivos de bien común de la sociedad, como es el crecimiento de la economía.

La ausencia de una visión de futuro, que proyecte una vida compartida, pasa a ser la marca registrada de esta izquierda extraviada. El bien común no es la suma de las demandas específicas que vienen de cada uno de los grupos sociales. Evidentemente, los derechos sociales de los ciudadanos son un ingrediente indispensable del proyecto de futuro, pero es una simplificación ingenua pensar que constituyen un nuevo modelo -alternativo al de la economía de mercado- para organizar la sociedad.

El desafío de la izquierda es construir un proyecto de futuro, en el que un Estado moderno y una gobernanza abierta encuentren caminos concretos para mejorar las políticas y los activos públicos, y sean capaces de entregar servicios de calidad. En este sentido, el concepto de "derecho social" por sí solo aporta poco. Se requiere acuerdos amplios, involucrando a la ciudadanía y enfocados en un bien superior.

Los líderes emergentes de los partidos tradicionales y los del Frente Amplio están llamados a ser parte de esta renovación. Un proceso que vivieron hace 30 años quienes dieron forma a la Concertación, para conducir la recuperación de la democracia. La generosidad, grandeza y sentido de realidad de entonces permitieron construir la etapa más exitosa de nuestra historia republicana.