El jueves de esta semana, la Cámara de Diputados despachó al Senado la aprobación del proyecto de ley que declara feriado el 16 de enero que viene, con motivo de la visita del Papa Francisco. Con ello se complementa la ley ya publicada el 7 de diciembre pasado (21.051) que, por el mismo motivo, declaraba feriados los próximos 17 y 18 de enero en las regiones de La Araucanía y Tarapacá. Con independencia de los méritos sustantivos de tales declaraciones -que para algunos roza una ruptura en la declaración de un Estado no confesional-, creo que debemos detenernos en la pertinencia de estos ejercicios legislativos.

Si atendemos al último año, con esta norma, serían 6 leyes las que se han dictado en los últimos doce meses sobre esta materia, la mayoría destinadas a generar feriados en ámbitos territoriales determinados. Así, está la que declaró feriado el 2 de octubre de 2017 -para la Región de Los Ríos-, la que hizo lo propio el día 20 de septiembre de 2017, para la Región de Coquimbo -extendiendo las festividades del 18 de septiembre-, la que declaró feriado el 10 de agosto de 2017 en la Región de Atacama, en celebración del Día del Minero, la que reguló el feriado por censo -a nivel nacional-, y la que acomodó de manera permanente como feriados los días 17 de septiembre y 2 de enero de cada año, si las festividades del 18 y 19 de septiembre y 1 de enero caían en domingo.

Como se ve, al legislativo no le ha temblado la mano para acceder a generar efemérides legales, muchas transitorias y anuales -lo que pervierte el sentido mismo de la ley-, principalmente atendiendo a gentilezas territoriales, las que se promueven esencialmente a partir de mociones de parlamentarios que recogen solidaridades compartidas y cómplices, con independencia de los sectores políticos que representan; son, por así decirlo, testimonios de unidad transversales de la política. En estas iniciativas se puede decir que la izquierda y derecha unidas jamás serán vencidas para otorgar feriados.

Es que no deja de llamar la atención que a través de simples mociones parlamentarias que terminan siendo leyes puedan causarse agravios significativos a la economía nacional o regional, al cumplimiento de obligaciones mercantiles, a la atención programada en materias de salud -de difícil obtención para muchos compatriotas-, al debido cumplimiento de obligaciones judiciales que inciden en los derechos de las personas y en el funcionamiento de los tribunales de justicia -tales como audiencias judiciales que deben reprogramarse en materia laboral, de familia, de policía local, etc.-. En fin, cada uno de nosotros puede imaginar los trastornos que produce cada nuevo feriado que se decide instalar.

Una mirada más atenta de este fenómeno nos impone formularnos una pregunta: ¿será pertinente que cualquier parlamentario pueda tener esta manija que flanquea esta explosión de leyes de feriado? Y lo digo, porque si uno mira la Constitución, esta materia no se consigna entre las competencias de la ley, más aún cuando el constituyente actual fue muy restrictivo con las materias de ley. Y, en cambio si uno mira las que son de iniciativa exclusiva del Presidente, son de esta condición las que otorgan cualquier emolumento a los funcionarios del Estado, y qué mejor emolumento que ser remunerado estando en feriado.

Quizás ya va siendo tiempo de que dejemos de tanta interpretación y sistematicemos el ejercicio de esta facultad. No sería la primera vez que ello se hace. Aún está vigente la ley que pretendió solucionarlo, que data de 1915 (Ley 2.977), que estableció que desde su publicación (1 de febrero) solo serían feriados los que ella indicaba, esto es, domingos de todo el año y el 1 de enero, el 29 de junio, el 15 de agosto, el 1 de noviembre, el 8 y 25 de diciembre, las fiestas movibles de la Ascensión del Señor y de Corpus Christi -que podrían modificarse por concordato con la Santa Sede-, los viernes y sábado de Semana Santa, el 18 de septiembre, el 19 de septiembre, el 21 de mayo y el día de la elección de electores de Presidente de la República.

Como se puede ver, 102 años después, debemos estar atentos a qué día es feriado, en qué región del país es feriado, y en qué año se aplica tal o cual feriado. Atentos al día en que vencerán nuestras obligaciones mercantiles y si debemos volver a nuestros propios calvarios al que nos sujetan cada día los trámites que debemos realizar, sea ante el Estado o ante los privados con los que debemos actuar. Esto tiene costos, desde luego económicos, como indican estudios recientes que han señalado que los costos de los feriados en Chile bordean los 2.700 millones de dólares anuales, pero lo más relevante, costos morales, que relevan la conveniencia del descanso antes que el trabajo y ello termina por impactar la fuerza y compromiso de todos.

Al final, tanto tiempo después de haber separado aguas con la religión, el Estado homenajea al Pontífice viajero con un feriado en tres regiones del país, en circunstancias que cada católico que sienta el llamado de esta visita podría perfectamente concretar su homenaje sin el apoyo estatal, como se hizo en la venida de Juan Pablo II. Pero como siempre el diablo mete la cola, al final el regalo terminará siendo para el turismo, pues el próximo 16 que se declarará feriado es martes, lo que ya debe estar animando a muchos a un largo fin de semana en la costa.