Son dos caminos muy diferentes los que Chile tiene por delante. No me parece que las candidaturas en disputa difieran sustancialmente en sus objetivos finales. Ambas aspiran a un país más justo, más próspero y más seguro. Pero difieren mucho en el cómo lograrlo y ello puede tener hondas consecuencias.

La alternativa que ofrece el senador Guillier continuaría y profundizaría los cambios iniciados por la Presidenta Bachelet. Promete satisfacer diversas demandas sociales -todas muy válidas- a través de la acción del Estado, financiada con una mayor carga impositiva. Exigiría, por ejemplo, que una fracción del incremento necesario en la cotización previsional, y también en la de salud, vaya a entes estatales, en lugar de depositarse en la AFP o la isapre libremente elegida por las personas. Esto equivale a una rebaja de su sueldo líquido y en nada contribuye a corregir los defectos de esas instituciones. El alto costo de las restantes propuestas -incluido un injustificable y reconocidamente costoso "perdonazo" de los créditos universitarios del CAE- lo llevaría a más alzas de impuestos o de la deuda pública. Mientras tanto, nada convincente contiene su programa para hacer que Chile en verdad vuelva a crecer, excepto tal vez esperar un golpe de fortuna por parte del cobre. Por ese camino serían inevitables las divisiones, las decepciones y la frustración.

Piñera cree que el crecimiento económico es el medio para cambiarle la cara al país y la vida a la gente. Cree que el crecimiento brota cuando hay libertad para elegir, trabajar, crear y emprender. Visualiza al Estado como instrumento para brindar más oportunidades y seguridades a las personas. En muchos aspectos su programa de gobierno retoma lo iniciado en 2010: se propone reimpulsar la economía mediante una agenda que derribe las barreras anticompetitivas, de tipo regulatorio o burocrático, que obstaculizan los emprendimientos, la inversión y la productividad.

En otros aspectos, en cambio, es distinto al de ocho años atrás. Recogiendo tal vez su experiencia en el gobierno, plantea algo así como un Estado subsidiario del siglo XXI. Esto es, el compromiso de aprovechar los recursos que genera la expansión económica para abrir mejores oportunidades -especialmente en educación temprana- y para extender una amplia red de protección que ampare ya no solo a los sectores más vulnerables, sino también a quienes, habiendo superado esa condición, sufren las penurias provenientes de enfermedades costosas, vejez prolongada, cesantía o delito.

El programa de la centroderecha es centrista. A partir de la sólida representación de ese sector en el Congreso, debe poder reunir las mayorías necesarias para legislar. Y, si hoy el país así lo decide, con una gestión experta de las políticas económicas y sociales, volver a enrumbarnos camino al desarrollo.