Felizmente existe la Contraloría General de la República, maldecida por Codelco y las reparticiones públicas, por sus controles a las actuaciones abusivas de las autoridades políticas.

El contralor sorprendió un intento de espionaje, detuvo la sigilosa tentativa del Gobierno para extender el poder del Estado y espiarnos a todos: entre otras cosas, se aspiraba a disponer de información que permite el seguimiento de los chilenos, 24/7, desde los celulares. Y no es paranoia: en Chile, más de 26 millones de celulares registran nuestra ubicación, pasada y presente, y otros datos privados sensibles.

Sin una norma legal de respaldo, el subsecretario Mahmud Aleuy pretendió expandir por un decreto la interceptación de las comunicaciones y aumentar su plazo de almacenamiento por las empresas de telecomunicaciones. No se trata solo de escuchas telefónicas ni de comunicaciones escritas, sino que también comprende "la emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos e información de cualquier naturaleza". En fin, interceptar cualquier información privada registrada en telecomunicaciones.

El fallido decreto contenía una lista de datos mínimos a ser recolectados, incluyendo además de los de geolocalización, antecedentes administrativos y financieros del suscriptor. A la vez, omitía en algunos casos la orden judicial de acceso, aunque se sabe la liberalidad de los jueces de garantía para concederlas.

El riesgo se agrava por la ya habitual falta de resguardo, filtraciones desde las policías, fiscales y tribunales; mal uso de estas informaciones, con exposición al chantaje y grave daño a la libertad, privacidad y reputación de las personas. Pregúntele al senador Zaldívar.

Tan secreto fue el decreto para espiar, que nos enteramos del abuso y de su texto por un reclamo a través de la Ley de Transparencia. Cuesta detectar su oscuro y verdadero objetivo: debilitar y expropiar la privacidad obtenida por la digitalización y avances tecnológicos, incluso para permitir a los funcionarios del Estado seguir a las personas en todo momento.

Viva el contralor general de la República: ha ejercido correctamente los mecanismos de control de las actuaciones de la Administración en resguardo de la legalidad, de las garantías constitucionales sobre privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones privadas y de la protección de los derechos de las personas.

Debemos tener cuidado de elegir gobernantes y candidatos estatistas: buscan controlarnos hasta en la vida privada. Alerta porque el socialismo 2.0, del siglo XXI, es persistente: volverán a la carga para presionar al contralor y poder espiarnos.