La modernización del Estado es uno de los temas donde hay coincidencias importantes entre los candidatos presidenciales. Concuerdan también con propuestas formuladas por otros actores como la OCDE, el CEP, el Observatorio Fiscal y la Sofofa. Esta convergencia alimenta la expectativa de que este sea un tema prioritario para la nueva administración. Sin embargo, ninguno de los análisis realizados ha logrado establecer como el principal obstáculo para la modernización del Estado la gobernanza cerrada que se ha instalado en el país.

Este fenómeno se caracteriza por una clara separación entre el Estado y el resto de la sociedad. El primero gestiona las políticas públicas "desde arriba", mientras la ciudadanía tiene un rol subordinado y más bien pasivo. En este estilo de gobernanza hay pocos contrapesos (especialmente en los regímenes presidenciales como el nuestro) y predominan las políticas verticales.

Uno de los factores que facilitaron la adopción de este modelo fue la pretensión de constituir un gobierno de excelencia durante la administración Piñera. Se produjo un distanciamiento, tanto respecto de los movimientos sociales como del sector privado. En este cuadro, el afán refundacional de la Nueva Mayoría la llevó a optar por un diseño similar, donde la búsqueda de la convergencia de actores o de los acuerdos amplios no tenía cabida.

Las consecuencias de este estilo de gobernanza son, por una parte, la baja efectividad de la acción del Estado y, por otra, el distanciamiento y desconfianza que percibe la ciudadanía respecto de una gestión que no la incorpora y que ha sido una característica de nuestra sociedad durante la presente década. El resultado de la primera vuelta es coherente con esta realidad.

Fenómenos como la dispersión del poder en la sociedad y las complejas interacciones en la esfera pública generan tensiones que se expresan en una mayor brecha entre las personas y el Estado. El indispensable análisis técnico en las decisiones de las autoridades es desplazado por una racionalidad política y aumenta el riesgo de captura del gobierno por parte de los partidos y grupos de interés. Un efecto no deseado de la aplicación de la Ley del Lobby es que le dio legitimidad al actual divorcio entre el Estado y la sociedad.

Las sociedades modernas se caracterizan por que nadie puede resolver los principales problemas de la población por sí solo, incluyendo la salud, la educación, las pensiones y la delincuencia. Todas estas materias requieren de múltiples coordinaciones y de un intenso involucramiento de los ciudadanos en las soluciones propuestas. No solo eso, también la función de regulación necesita de una efectiva colaboración con los regulados, junto con mecanismos de resguardo que eviten la captura de las decisiones públicas. Es claro que las acciones que permiten organizar la vida en común deben estar inspiradas en proyectos compartidos, que compatibilicen inversiones, medio ambiente y convivencia social.

Así, la brecha entre el Estado que tenemos y el que requiere el desarrollo del país establece el dilema de la agenda de modernización del Estado: generar acciones orientadas a mejorar los procesos internos de las decisiones, manteniendo el actual estilo de gobernanza; o, derechamente, avanzar hacia un cambio efectivo en la relación entre el Estado y el resto de la sociedad. Con frecuencia se comete el error de "importar" mecanismos institucionales que funcionan en países desarrollados, sin considerar los escenarios en que se desenvuelven los gobiernos y la existencia de regímenes parlamentarios en esos países.

La clave para una gobernanza abierta es la construcción de contrapesos efectivos y canales formales de participación. De esta manera se genera el marco de incentivos necesarios para aplicar buenas políticas, promover el aprendizaje en los programas en ejecución, y limitar la creciente discrecionalidad y el exceso de incertidumbre que afecta a las decisiones públicas verticales. Además, estos mecanismos de contrapeso y participación facilitan la coordinación dentro del gobierno, aportan una visión sistémica de las políticas públicas y fomentan la colaboración público-privada.

En síntesis, la verdadera modernización no consiste en construir un Estado "para" la sociedad, sino "con" la sociedad. Se trata de que las capacidades de los diferentes actores, dentro y fuera del Estado, se movilicen en torno a objetivos comunes.

Para lograrlo debemos transitar desde una gobernanza cerrada a otra abierta. Este es el desafío más relevante para la organización de las políticas públicas y la acción del gobierno en los próximos años.