En 1862, el estado norteamericano de Wisconsin reconoció el derecho a votar a sus soldados que estaban ausentes porque se hallaban luchando en la Guerra Civil norteamericana. Ese es el primer registro histórico que existe del reconocimiento del derecho a votar no presencialmente o en ausencia.

Chile aprobó el voto para sus ciudadanos en el exterior en agosto de 2016. Sin embargo, la modalidad adoptada -voto presencial en una sede diplomática- es una de las menos atractivas, puesto que supone al interesado desplazarse e incurrir en gastos el día del acto electoral. El impacto del voto en el exterior puede ser más propagandístico que real, ya que no llegan a 40.000 las personas inscritas para votar el 19-N. Se estima que hay unos 350.000 chilenos en el extranjero que podrían tener derecho a voto.

Un informe del Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) publicado en 2007 fue clave en la popularización del voto externo. En ese momento había 115 países y territorios que lo habían reconocido. Los fenómenos migratorios no hicieron más que incrementar su demanda. Hay cuatro métodos de voto externo: el voto personal, el voto por correo, el voto por delegación ( proxy vote ) y el voto electrónico.

El método más popular es el voto personal, que es el que adoptó Chile. En 2007 lo tenían 54 países. Sin embargo, quizá el más eficaz en términos de participación electoral sea el voto por correo o postal que tenían 25 países. El sistema es costoso, pero resulta muy cómodo para la población. Su origen está en países como Islandia y Nueva Zelandia, que a comienzos del siglo XX reconocieron el derecho a sus pescadores y navegantes a votar por correo. En España, en las elecciones de junio de 2016, 1.357.720 personas votaron por correo, de un total de 1.452.988 que lo solicitaron y sobre un universo electoral de 36.520.934 inscritos. Esto supuso un aumento del 86,5% respecto de la anterior elección.

El voto postal permite que los ciudadanos puedan seguir con su vida normal, sin preocuparse del día de la elección. Pueden estar fuera de su lugar de residencia o simplemente irse a la playa o al campo, en vez de estar pendientes de la votación. No hay que dar explicaciones de por qué se quiere votar por correo.

El método solo exige previsión. El votante presenta una solicitud de voto por correo hasta 10 días antes de la elección (la fecha puede variar dependiendo de la naturaleza de la elección: presidencial, parlamentaria...). Emite su voto y entrega los sobres en Correos, que se encarga de hacerlo llegar a la autoridad electoral que envía los sobres con los votos a la mesa electoral. Los votos se añaden a la urna y se escrutan junto con los que se han emitido de manera presencial.

El mecanismo se puede perfeccionar en todos sus detalles, pero hay que advertir que es caro. En los presupuestos de las elecciones españolas de 2015, que hubo que repetir en 2016, la mayor partida presupuestaria eran los más de 40 millones de euros que se asignaban a Correos en cada una de las votaciones. Quizás la cantidad podría reducirse porque en España el Estado costea el envío de las papeletas de voto de cada partido a los domicilios de los electores.

Los otros mecanismos de voto, el delegado y el electrónico, podrían ser más baratos y merecerían ser considerados con el fin de incrementar la participación electoral en Chile, dándole más facilidades al votante. Sin embargo, en los últimos años hay países que han dado marcha atrás con el sistema de voto electrónico, o e-voting . Mientras que algunos países, como EE.UU., Brasil, Venezuela o la India, lo emplean regularmente, hay otros que han decidido prohibirlo. Entre estos últimos figuran democracias tan solventes como Alemania, Finlandia, Holanda, Irlanda, Noruega y el Reino Unido.

El caso alemán es paradigmático. En 2005 se aprobó el voto electrónico, pero en 2009 fue declarado inconstitucional, porque, tras una serie de pleitos y quejas, se demostró que las personas sin conocimientos técnicos no podían fiscalizar el proceso. En Holanda, en 2006, un grupo de expertos demostró que el sistema tenía fallos de seguridad y en 2017, el gobierno decidió suspender el recuento electrónico ante las amenazas de ciberataques.