Todo gobierno realiza reformas buenas y malas. Bajo Bachelet II hubo algunas reformas buenas (financiamiento de partidos, regulación financiera, gobernanza de empresas, sistema electoral proporcional) y muchas reformas muy malas: las llamadas "emblemáticas". Además, el Estado creció en tamaño y en mala gestión. En lo que sigue, me centraré en las reformas emblemáticas y la expansión del Estado, que deberán ser corregidas por el nuevo gobierno que asumirá en cuatro meses más.

Reforma tributaria

Las reformas tributarias de Arenas (2014) y Valdés (2015) distorsionan la asignación del capital (con tasas que varían entre 0% y 44,45%) y desintegran los impuestos. Son complejas y costosas en cumplimiento y administración. Son inequitativas entre personas de iguales ingresos y entre personas de ingresos distintos. Son costosas en eficiencia: desincentivan el ahorro, la inversión, el emprendimiento y el crecimiento.

Sin cambiar necesariamente la actual recaudación tributaria, la tarea futura será corregir la estructura tributaria legada por este gobierno, a fin de simplificar el sistema tributario y mejorar su eficiencia y equidad.

Reforma laboral

La reforma laboral de Valdés y Krauss (2016) fortalece a los sindicatos en forma extrema. Prohíbe el reemplazo interno y externo de los trabajadores en huelga (solo cinco de 28 países OCDE lo hacen). Esta reforma aumentará significativamente los costos laborales en los sectores sindicalizados, acelerando y profundizando la pérdida de empleos que conllevará la automatización y robotización. En un reciente estudio, Alejandra Cox estima los efectos negativos de la reforma laboral sobre los salarios, el empleo y la distribución del ingreso en Chile .

El próximo gobierno enfrentará una tarea titánica para flexibilizar los mercados laborales en Chile, a fin de que enfrentemos mejor la revolución industrial 4.0, cuidando el empleo de calidad.

Reformas de la educación

Las reformas en la educación primaria-secundaria de Eyzaguirre (2015) terminaron con el emprendimiento privado, el copago por los padres y la selección de alumnos en la educación particular subvencionada. Esto destruyó las bases de este pilar central de la educación de jóvenes vulnerables y de clase media, llevando a que 120 de estos colegios optaran por ser particulares pagados, mientras que en los colegios sobrevivientes disminuye la calidad de la educación. Las reformas en la educación universitaria (algunas en debate parlamentario) perjudican severamente la autonomía, la investigación, el financiamiento y la institucionalidad de las universidades.

También aquí hay una tarea gigantesca: diseñar e implementar reformas focalizadas en la calidad de la educación, la libre elección por parte de padres y educandos, y el emprendimiento y la autonomía de la oferta educacional no estatal.

Reforma previsional

El proyecto de reforma previsional de Valdés y Krauss (2017), actualmente debatido en el Parlamento, introduce un nuevo sistema de pensiones de reparto, combinado con capitalización parcial (pero sin libertad de elección de fondos ni de administrador, por los afiliados), todo ello administrado por una nueva agencia estatal de pensiones. Se financiaría con un 5% de cotización adicional. Los costos en eficiencia de este sistema, en comparación con una extensión del actual sistema de ahorro previsional obligatorio en cuentas individuales, con libertad de elección por los afiliados, son elevados: aumenta el costo laboral y se destruye empleo en los sectores formales; aumenta la informalidad y el desempleo, y disminuye el ahorro, la inversión y el PIB. Además, este proyecto de ley del Gobierno es intensamente regresivo: la cotización adicional de 5% es pagada por todos los trabajadores formales, incluyendo todos los más pobres. Pero los beneficiarios del reparto son personas de clase media. Como broche de oro, los beneficiarios de ingresos altos reciben una extensión de 50% de su Aporte Previsional Voluntario exento de Impuesto a la Renta.

¿Cuáles son las alternativas para mejorar las pensiones, la eficiencia económica y la distribución del ingreso? Son las propuestas -con matices distintos- de la Comisión Asesora de Pensiones de la CPC y del programa presidencial de Sebastián Piñera.

Un Estado creciente e ineficaz

Bajo Bachelet II, el Estado ha crecido vorazmente y la eficiencia de los servicios públicos ha caído notoriamente. Hoy es un Estado clientelista, cooptado por conocidos partidos y centrales sindicales. Está poblado por funcionarios públicos que militan en o adhieren a los partidos de la coalición gobernante. El Gobierno ha contratado a 133 mil empleados públicos adicionales, entre 2014 y 2017, mientras que el sector privado entero ha contratado solo a seis mil trabajadores dependientes en el mismo período. Mientras un 40% de los programas públicos es mal evaluado por el propio gobierno, los empleados públicos ganan un 50% más que los empleados en el sector privado. La guinda de la torta es un récord nunca previamente alcanzado: ¡el 100% de los empleados públicos fue evaluado con calificación máxima en 2017!

El gasto público ha crecido a una tasa anual de 5,3%, promedio, en 2014-2017, triplicando el crecimiento anual promedio del PIB, de 1,8%. Los escándalos de administración deficiente se han multiplicado en empresas y servicios públicos. Al mismo tiempo, han crecido las empresas públicas existentes y se han creado nuevas empresas y agencias públicas.

El sector público requiere de una reforma radical. Las 30 propuestas de la Comisión CEP que se presentarán esta semana van en dicha dirección.

"¿La tarea N° 1 es la igualdad;

el resto es música?"

Aunque no fue emitida literalmente (parafraseo lo dicho por Ricardo Lagos sobre el crecimiento, en la vereda ideológica opuesta a la de Bachelet), esta frase resume Bachelet II. La ideología que subyace a las reformas emblemáticas es su foco central en la igualdad. Pues bien, ¿son redistributivas estas reformas?

Ciertamente, muchas reformas de Bachelet redistribuyen ingresos desde los pobres a los grupos de ingresos medios y altos; desde los trabajadores no sindicalizados (más pobres) a los sindicalizados (más ricos); desde los emprendedores a los rentistas de renta fija, y desde el capital a los empleados de altos ingresos. Puede estimarse que un empleado de alto ingreso imponible mensual (por ejemplo, $9 millones, cercano al sueldo de ministro, senador o ejecutivo de empresa pública), se beneficia con $630 mil mensuales adicionales (un aumento de 7% de su sueldo previo), gracias a las reformas tributaria, laboral y previsional. En cambio, los trabajadores de ingresos bajos y no sindicalizados pierden ingresos con estas reformas.

En resumen:

Las reformas emblemáticas y la gestión del Estado bajo Bachelet II han dañado la eficiencia económica y han sido regresivas. La tarea N° 1 del siguiente gobierno no será pasar la retroexcavadora a estas reformas. Más bien, se deberán mantener sus aspectos favorables y corregir sus falencias, así como mejorar la administración del Estado, para encaminar a Chile hacia un desarrollo sostenido e integral.