La recapitalización de Televisión Nacional (TVN), cuya aprobación ha sido aplazada por el Senado hasta el 7 de noviembre, es un ejemplo de la parálisis e ineficiencia que se adueña de organismos y empresas incapaces de sobreponerse a su obsolescencia y su mala gobernanza.

El canal pide 47 millones de dólares para tapar sus pérdidas e intentar reorganizarse. Casi 18 millones son para crear un canal cultural sin publicidad que servirá como coartada para seguir reclamando más recursos al Estado en el futuro.

Antes, Ricardo Solari, presidente del directorio, debería explicar con detalle esta crisis y por qué no ha logrado hasta ahora el compromiso firme para resolver el problema de quien lo nombró en el cargo: la Presidenta de la República. Las actas del directorio deberían ayudar a delimitar las responsabilidades.

Pese a funcionar con grandes pérdidas, las remuneraciones del personal directivo de TVN son muy generosas. El director, Jaime de Aguirre, había cobrado hasta agosto de 2017, 144,7 millones de pesos, lo que equivale a casi 200.000 euros. Esta cantidad, por ejemplo, iguala en solo ocho meses el salario que el presidente ejecutivo de Radiotelevisión Española (RTVE), un ente público mucho más grande y complejo, gana en todo un año.

Otros sueldos son impactantes. El director de programación, Eugenio García, que se marchó en abril pasado, cobró 273,8 millones de pesos brutos (a casa se llevó 188,71 millones) en 2016. Que exista este nivel de remuneraciones en una empresa estatal en pérdidas es difícil de justificar y demuestra que -con la excusa de competir en el mercado- unos cuantos han confundido el servicio público con servirse de lo público. Quizá lo más lógico sería que los altos cargos de TVN tuvieran como tope máximo el sueldo de la Presidenta de la República: 9,9 millones de pesos al mes.

Pero, aunque esto mueva a la indignación, el problema de TVN es más profundo que el desajuste de las remuneraciones. La ley de 1992 situó la entidad en un formato donde coexiste el control estatal (político),con lafinanciación privada.Este modelo, que prevaleció en países que transitaban desde el monopolio público a un esquema de libre competencia, ha ido en retroceso.TVN no es un medio de comunicación cualquiera, sino que es una herramienta de manipulación del Estado para cumplir sus fines, expresados en la siguiente misión: "Reflejar a Chile en toda su diversidad, contribuir a fortalecer su identidad nacional y conectar a los chilenos en todo momento y lugar".

Así, un mismo mercado publicitario sostiene una herramienta estatal que forja "la identidad nacional" con otros canales comerciales que solo declaran su intención de informar y entretener.

Este arquetipo ha entrado en crisis, y aunque hay decisiones de negocio que han lastrado su audiencia, lo cierto es que las razones de fondo son tecnológicas: las generaciones jóvenes ven cada vez menos televisión tradicional y acceden a los formatos audiovisuales por banda ancha (Netflix, HBO, Amazon Prime Video, etc.). Desde esta perspectiva, la pérdida de su área dramática -que migró a Chilevisión durante la presidencia de Sebastián Piñera y que cumplía las funciones de un generador de contenidos de calidad- no fue un mero error táctico, sino un desastre estratégico.

Tarde o temprano, el país tendrá que decidir si sigue apostando por una TV pública que se financie en el mercado o que sea pagada por impuestos. Los ejemplos indican que los mercados nacionales solo pueden sostener dignamente dos grandes canales. Hay modelos duopólicos en España, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido y hasta en México. En esa tesitura, si TVN quiere sobrevivir en el mercado, tiene que ser uno de los dos grandes del sector, lo que supone que el Estado acabará expulsando a otros operadores.

Si se opta por un modelo que no responda a criterios de audiencia, financiado por el Estado, TVN requiere una transformación radical para no despilfarrar más el dinero del contribuyente. Aunque parezca política o ideológica, la clave del debate en torno a TVN es tecnológica y, en segundo nivel, de contenidos. Y la pregunta que hay que hacerse es si su misión, que es lo que justifica su carácter estatal, puede cumplirse hoy mejor por otros medios.