Cunde la percepción negativa, de ciertos sectores, sobre la imparcialidad de la judicatura. Polémica ha provocado la absolución unánime de los 11 acusados del delito de incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger McKay, en La Araucanía. Algo parecido sucedió con la revocación, por la Corte Suprema, de la prisión preventiva, sin medida cautelar alguna, a imputados por incendio y asociación ilícita terrorista en diversos atentados incendiarios en la misma región. En un caso los magistrados estimaron la procedencia de la libertad por la inadecuada fundamentación de los presupuestos para decretar la prisión preventiva. En el otro, se afirma que las pruebas aportadas estarían bajo los estándares establecidos en el Código de Procedimiento Penal. A la inversa, ex militares acusados de delitos de derechos humanos sostienen que por el solo hecho de ser investigados, terminan fatalmente condenados, sin atender al mérito de sus defensas, considerando débiles y circunstanciales pruebas en su contra.

También ha confundido la reunión del pleno de la Corte Suprema con algunos candidatos presidenciales y otras señales contrarias a la circunspección que se espera de los magistrados respecto de los restantes poderes del Estado. Seis de los ocho postulantes con aspiraciones presidenciales fueron invitados por la Corte para recibir sus consultas y conocer las agendas de los postulantes sobre políticas públicas relativas a la tenencia de armas, antiterrorismo, narcotráfico, lucha en contra de la delincuencia, lavado de dinero y, en general, sobre la organización y administración de la justicia.

La audiencia -no contemplada en la institucionalidad y ajena a las obligaciones jurisdiccionales del superior tribunal de la República- expone a los magistrados a un foro político, los distrae de sus funciones propias y afecta la confianza ciudadana, indispensable para la apreciación de la independencia del Poder Judicial.

Los jueces deben ser y parecer imparciales y ajenos a la contingencia política. Su cometido es la aplicación de la ley al margen de consideraciones e influencias políticas. Nada es más dañino para la confianza pública en la justicia que la influencia, real o aparente, de la política en los fallos judiciales: desprestigia las sentencias, a los jueces y al poder judicial y pone en riesgo la percepción de su independencia e imparcialidad.

Por lo mismo, la Constitución es precisa en fijar los deberes, atribuciones y las formalidades de la intervención de la Corte Suprema en las políticas sobre la administración de justicia respecto de proyectos de ley sobre materias de su competencia.

Los signos externos de la ecuanimidad e independencia de los magistrados son importantes. Es una máxima conocida que la justicia debe ser y parecer imparcial.