"Desconozco esos estudios, cuán serios son. Hoy día no tuve tiempo para leer el diario y no conozco el estudio en general". Con las frases anteriores respondió la Presidenta Bachelet a una consulta sobre el informe de productividad que presentó su gobierno ante el Congreso. En él se indicaba que el aumento del 5% en las cotizaciones propuesto por el Gobierno en el contexto de la reforma al sistema de pensiones, podía implicar una rebaja en el largo plazo del salario líquido de 3,3% real y una pérdida de hasta 394 mil empleos. La pérdida de empleos sería mayor en la medida en que los trabajadores se sientan menos dueños del alza de la cotización propuesta por el ejecutivo.

No es razonable pensar que esta respuesta refleje una falta de acuciosidad de la Presidenta en el análisis de los posibles efectos de las medidas que ella misma propone. Más bien ratifica que ella pone en primer plano sus preferencias ideológicas, estando dispuesta a sacrificar en pro de esa ideología el bienestar y el progreso. Esta declaración va en la misma línea de frases anteriores de las que se desprende que el crecimiento económico no está entre sus prioridades.

Es esta disposición a priorizar lo ideológico lo que explica también la forma en que pretende discutir las reformas propuestas. Envió al Congreso tres proyectos de ley. El primero crea el Consejo de Ahorro Colectivo. Ello requiere reforma constitucional y solicitó suma urgencia para su despacho, lo que teóricamente significa 15 días para su trámite. Este organismo será un nuevo ente estatal que administrará toda la mayor cotización que los empleadores deberán hacer por los trabajadores que contraten.

Un segundo proyecto plasma el corazón de la reforma. En él se establece el Nuevo Ahorro Colectivo, basado en las cotizaciones antes mencionadas, que se incrementarán paulatinamente durante 6 años, hasta llegar al 5%, iniciándose el primer año con el 1%. Una parte de la nueva cotización, un 2%, se distribuirá en base a mecanismos complejos entre distintos sectores que el proyecto busca privilegiar; en esencia, un sistema de reparto discrecional con todos los incentivos políticos perversos que ello significa. El 3% restante se destinaría a un ahorro individual administrado obligatoriamente por el ente estatal, pero ello sucederá en las etapas finales de la transición.

Es predecible que dados los conflictos e insatisfacción generados por la presión redistributiva que se detona al abrir la vía del reparto, dicha fase final no alcance a madurar y el total o gran parte del nuevo impuesto al trabajo se destine, con el correr del tiempo, a la redistribución, de acuerdo a los vaivenes políticos del momento.

Para este complejo proyecto, con sus numerosas implicancias entre las que destacan las que la Presidenta dijo desconocer, el Ejecutivo ha solicitado urgencia simple para que sea visto en un plazo de 30 días. La misma urgencia solicitó originalmente con un tercer proyecto que introduce cambios regulatorios al sistema de AFP existente.

Para forzar el despacho de estos proyectos al final de su mandato y en medio de una campaña electoral ya en marcha, ofrece un alza para algunos pensionados en forma relativamente inmediata. Espera con ello, probablemente, lograr que muchos parlamentarios se vean forzados políticamente a aprobar aceleradamente lo que propone, sin analizar y comprender, como ella reconoció que lo había hecho, las complejas implicancias de las reformas planteadas.

Dada la preferencia por lo ideológico que la Presidenta ha demostrado durante estos años, su verdadero objetivo en la reforma al sistema de pensiones parece ser el mismo que ha tenido en materias laborales, educacionales o tributarias. Esto es, consolidar el poder de los actores políticos que privilegia, ahora en materias previsionales. Como en los casos anteriores, los efectos negativos para el empleo y el progreso, algunos ya evidentes, no alteran su determinación.

Esperemos que las fuerzas políticas, ya en campaña electoral desatada, en lugar de caer en la trampa que se les tiende para aprobar irreflexivamente lo propuesto, aprovechen de generar para el país esperanza de alternativas mejores, especialmente cuando ya podrían estar a las puertas del poder. Así se tendría el tiempo y la tranquilidad necesarios para legislar, apreciando y ponderando todas las consecuencias del camino que se elige y no ignorándolas, como lo hace la Presidenta.

El ambiente político trae aires de alternancia. Esto impulsa quizás con más fuerza al Ejecutivo a generar hechos consumados enquistados en el poder. El desafío para la oposición es evitar que ello siga consolidándose.

Hoy, las expectativas económicas han mejorado, e incluso podría estimarse que los indicadores líderes muestran una confianza cercana al 100% en que el país comenzará una nueva etapa en la que en vez de impedir el progreso, se intentará facilitarlo.

Pero el daño que las decisiones que la actual Mandataria ha adoptado y quiere adoptar, impulsada por su pertinacia ideológica, es más profundo de lo que la mayoría imagina. Cada nuevo hecho consumado puede ser la gota que rebalse el vaso. En cierto modo, un exceso de optimismo ante una posible alternancia en el poder puede ser el talón de Aquiles de un hipotético gobierno de oposición. La frustración ante lo difícil que será poner el país en marcha puede transformarse rápidamente en decepción, y con ello en un lastre adicional al esfuerzo que se requiere para recuperar el rumbo.

La nota optimista para el gobierno que viene está en la evolución que se insinúa de la economía mundial. Esta está creciendo a tasas que no se veían desde el año 2010. Las principales economías están expandiéndose todas al unísono. La seguidilla de crisis con riesgo sistémico que parte en 2008 llegó a su fin y las heridas que se produjeron están cicatrizándose. El precio del cobre, que bordea los US$ 3,0 la libra, es el signo más palpable de ello para Chile.

Pero ya sabemos, por experiencias pasadas, que si las políticas del país no son las adecuadas, no será el mundo el que lo empuje hacia el progreso. Chile inició su salto hacia adelante cuando la realidad mundial distaba de ser optimista, pero el consenso interno en torno al sentido común era grande.

El principal desafío para el gobierno que vendrá en unos meses es superar los lastres que le deja la administración actual, que parece empecinada en maximizarlos en el tiempo que le queda. Pero si hay convicción por impulsar el progreso, un mundo que ofrece mayores oportunidades puede ser la ayuda que permita el éxito y aleje al país del fracaso.