Hay quienes todavía se quejan de que en el pasado hayamos otorgado demasiada importancia a las razones técnicas en las decisiones públicas, dejando de lado las consideraciones propiamente políticas. Es posible que tengan razón. Pero lo que hemos visto ahora es la propagación de un virus mucho más peligroso: la politización de materias en las que deberían imperar los argumentos técnicos.

Lo vimos en la dañina reforma tributaria promovida por el actual gobierno y su insistencia en demonizar el llamado FUT, mecanismo probadamente eficiente para fomentar el ahorro y la inversión. Lo vimos también en el infundado diagnóstico respecto de que en el legítimo lucro por parte de establecimientos educacionales particulares radicaría la mayor falla del sistema. Otro tanto ha ocurrido con las AFP, impedidas en la reforma previsional en trámite de administrar las nuevas cotizaciones, no por carecer de eficiencia, sino porque -en opinión incluso de economistas usualmente serios- ellas carecerían de "legitimidad".

En estos días hemos visto una nueva manifestación del virus de la politización en el rechazo del megaproyecto minero Dominga, pasando por alto la recomendación favorable del organismo técnico, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Las circunstancias de esa determinación no dejan dudas acerca de que fueron consideraciones políticas las que se impusieron por sobre las razones técnicas.

El caso es grave. La inversión ha caído sistemáticamente durante la presente administración. La principal razón de ello es el derrumbe en la confianza de nuestras perspectivas de desarrollo. Los expertos convocados por el Gobierno para la confección del presupuesto fiscal, tan solo cinco años atrás vaticinaban que nuestra capacidad de crecimiento era de 5% real anual; ahora la cifran en 2,6% y no prevén mejoría a futuro. Pero la solución está a la mano: hay en cartera -según Cochilco- proyectos de inversión minera por US$ 65.000 millones, la mitad de los cuales tendrían alta probabilidad de ser desarrollados y -dada la oportuna recuperación del cobre- podrían reimpulsar el crecimiento económico a partir del próximo año. Pero el engorroso y politizado proceso de evaluación ambiental es el principal cuello de botella: de acuerdo con la CPC, en su último "Observatorio de la Productividad", mientras US$ 22.000 millones de inversiones ingresaron a evaluación ambiental en el último trimestre, las aprobaciones -que en los más importantes proyectos toman año y medio- sumaron solo US$ 2.200 millones.

Urge modernizar nuestro sistema de evaluación ambiental. Mi preferencia es -como hicimos casi 30 años atrás con el Banco Central- aislarlo de la contingencia política y hacer del SEA una entidad autónoma, con conocimientos técnicos y visión de largo plazo, para resolver las autorizaciones ambientales, sopesando tanto los beneficios económicos y sociales de las inversiones como sus costos medioambientales.