Ya inaugurada la temporada electoral, el Gobierno ha resuelto echar a andar una nueva reforma -posiblemente la última- que se suma a la tristemente célebre secuencia que conforman la tributaria, la laboral y la educacional. Los proyectos de ley anunciados esta semana -como esas reformas previas- no representan a ningún consenso transversal y no satisfacen ni a los partidarios de perfeccionar el sistema vigente ni a los que pretenden abolirlo.

La propuesta mantiene casi intactas a las AFP, para desazón de los vociferantes líderes de "No+AFP". Sin embargo, priva a los cotizantes de destinar a ellas el 5% adicional de sus sueldos brutos que la ley obligará a ahorrar para la vejez. Está sobradamente probado que las AFP saben invertir bien las platas de sus afiliados, de modo que no hay razones técnicas que justifiquen otorgar a un nuevo ente estatal -el Consejo de Ahorro Colectivo- el monopolio sobre el manejo de esos fondos, negándoles a sus dueños la libertad de optar. Al contrario, hay buenas razones para desconfiar de la fórmula propuesta -Dipreca es una de ellas-, y nada garantiza que la autonomía constitucional que pretende conferírsele se haga en verdad cargo de los riesgos involucrados de captura política, abuso e incompetencia.

Es un mérito -y no un defecto, como parece creer la Presidenta Bachelet- que el sistema de capitalización individual descanse principalmente en la responsabilidad y capacidad de la gente para ahorrar lo suficiente. Pero no es cierto que se base en la premisa de "arreglénselas solos", puesto que establece un ahorro mínimo obligatorio, somete a las AFP a rigurosos controles y, cuando los ahorros no alcanzan, el Estado acude en ayuda de los jubilados más necesitados. Ese apoyo estatal es, desde luego, mejorable si hay la voluntad política para darle prioridad en el presupuesto fiscal.

Introduciendo el germen de un inconveniente sistema de reparto, el proyecto de gobierno propone destinar dos de los cinco puntos porcentuales que se descontarán a todos los trabajadores, incluidos los más pobres, a financiar subsidios varios, entre ellos una bonificación de hasta 20% a las pensiones pagadas por las AFP. Aunque políticamente atractiva, la fórmula es doblemente regresiva: reducirá los sueldos líquidos -así sea legalmente la cotización "de cargo del empleador"- y no elevará en absoluto las pensiones básicas y solidarias, que son las que mayoritariamente perciben los jubilados más pobres.

Aunque contiene una que otra idea positiva, como las otras reformas de la Nueva Mayoría, la previsional ignora los razonamientos técnicos -profusamente desarrollados por los expertos- y se deja llevar por prejuicios ideológicos y conveniencias políticas. Ojalá el debate parlamentario rescate la libertad de los trabajadores para escoger dónde ahorrar para su vejez y -en la línea de lo planteado por el ex Presidente Piñera- fortalezca las pensiones básicas y solidarias de las que dependen los jubilados más vulnerables.