El 13 de julio pasado, S&P Global Ratings bajó la calificación soberana de largo plazo en moneda extranjera de la República de Chile a "A+" desde "AA-".

Ello significa que de ser un emisor con capacidad muy fuerte de cumplir con sus compromisos fiscales, pasa a ser considerado un país emisor con capacidad fuerte de cumplir con sus compromisos fiscales, aunque más expuesto a los efectos adversos, derivados de cambios en las circunstancias económicas. Otras agencias, como Moodys y Fitch, y en particular esta última, están activamente analizando el caso, para determinar si siguen o no un camino similar.

Este tipo de calificaciones son útiles para los inversionistas que no pueden hacer por sí mismos un análisis detallado sobre la capacidad del Gobierno para pagar sus deudas. De este modo, la calificación les sirve de referencia para conocer el riesgo que corren al prestarle dinero al país. A menor calificación es mayor el riesgo, hay menos interesados en prestar y, los que lo hacen, piden mayores tasas. Una rebaja en la calificación al Gobierno acarrea normalmente una rebaja a las empresas nacionales, y las mayores dificultades o los créditos más caros afectan al país entero.

En todo caso, la nueva calificación sigue reconociendo una importante solvencia. Es inferior a la de países como Suiza, Estados Unidos y China, pero a su vez, es mejor que la del resto de Latinoamérica, siendo México y Perú las más cercanas, con una nota de "BBB+". Argentina, hasta hace poco en incumplimiento, recibe una "B", lo que implica una mejora desde la "B-" que tenía en abril.

Los mercados reconocen la solvencia del país y ello se puede observar en un indicador llamado Credit Default Swaps o CDS. Es una prima de riesgo que se cobra a los que quieren asegurar un crédito, en este caso de Chile, ante la posibilidad de que deje de pagar sus obligaciones. El monto de esta prima es bajo para el que quiere asegurarse del riesgo chileno. Mientras el promedio del 2017 a la fecha para el CDS a 5 años de Argentina y México ha sido de 346 y 132 puntos, respectivamente, el de Chile ha sido 74 puntos y no ha cambiado notablemente desde el 13 de julio.

¿Significa todo esto que lo sucedido no es relevante? Después de todo, en términos relativos, el Gobierno sería un buen sujeto de crédito, según la actual calificación y según lo ven los mercados. La respuesta a esa interrogante no puede darse sin analizar el contexto.

Desde que Chile renegoció su deuda externa en los años 80, inició un largo y esforzado camino para ser reconocido cada vez como más sólido y solvente. Transitó por todos los escalones llegando recién el 2012 al nivel "AA-", del que acabamos de descender. Es la primera vez que bajamos de calificación y el cambio de tendencia es lo que debe preocupar.

Es la corroboración externa de lo que una mayoría creciente percibe internamente: Chile está deteriorándose en su capacidad de generar progreso y con ello está comprometiendo el futuro. Es lo opuesto a lo vivido al asomarnos a los 90, en que una combinación de políticas económicas y acuerdos políticos permitía que una mayoría percibiera que el país se incorporaba a un círculo virtuoso que beneficiaría a todos. De hecho, así sucedió. Las agencias calificadoras de riesgo fueron paulatinamente reconociendo nuestro progreso, y es muy probable que los efectos de la incertidumbre interna actual también sean recogidos con cierta tardanza.

En la pugna entre el sentido común y la realidad, por un lado, y el exceso ideológico y el populismo, por el otro, son estos últimos los que están ganando. Este cambio de tendencia en la percepción externa del país debiera ser una campanada de alerta para reaccionar internamente y un signo de respaldo a los partidarios del sentido común y la realidad. No es solo la solvencia lo que está en juego, sino la posibilidad de que el país entero mejore.

El magro crecimiento económico y el menor potencial de progreso -legados del actual Gobierno- son elementos que han pesado en el retroceso en la nota de solvencia. Hace pocos días, la Dirección de Presupuestos actualizó las proyecciones para 2017. Da cuenta de una corrección significativa a la baja en la proyección de crecimiento de este año, a un 1,5%, en línea con la mayoría de las proyecciones vigentes hoy.

Este Gobierno tendrá el récord de haber crecido en cada uno de sus cuatro años menos que la economía mundial. Difícil por ese camino avanzar en la escala del desarrollo y bienestar, y no es extraño que caiga en la de solvencia.

El dato del Imacec de mayo, 1,3%, permite proyectar que los primeros meses tuvieron una expansión del 0,4%, más lento que el 0,5% del último trimestre del 2016. Aun corrigiendo por días hábiles y no considerando los datos del sector minero, para evitar la contaminación por la huelga de Escondida, el guarismo anterior solo alcanza 1,6%. Para que la proyección del 1,5% para este año se concrete se requerirá una expansión del 2,3% en lo que queda del 2017. Difícil, pero posible.

El menor crecimiento afecta al país entero y al fisco en particular. Implica menores ingresos y menor capacidad de gasto en las políticas que se estiman prioritarias. El estancamiento, a su vez, dificulta la viabilidad de las propuestas de presionar con más fuerza vía impuestos al sector privado. Antes de actualizar la proyección del 2017, la Dipres estimaba que con los compromisos vigentes existía un gasto de US$ 1.800 millones sin financiamiento, siguiendo la regla fiscal, para los próximos tres años.

A pesar de que hoy la proyección para el cobre es más optimista, el efecto del menor crecimiento asegura que dicha brecha será bastante mayor. La herencia fiscal que dejará el Gobierno actual será tan compleja como su herencia de estancamiento.

El déficit fiscal efectivo de este año bordeará el 3,1% del producto. La deuda pública pasó de ser casi inexistente, un 4% del PIB hace 10 años, para acercarse a un 25% a fines de este año y proyectándose que superará el 30% el año 2020, con un fisco que se ha deteriorado rápidamente. En términos relativos, las cifras anteriores siguen siendo moderadas, pero es la velocidad del cambio lo que genera preocupación. Sin duda, esto influyó en la rebaja de la calificación y debe preocupar a la ciudadanía y al próximo gobierno.

La realidad puede ser aún más grave, dada la premura de la actual administración por seguir consolidando a toda marcha reformas mal concebidas, con impacto negativo en el progreso y con efectos fiscales de gran envergadura y, probablemente, subestimados.

La baja en la calificación soberana, siempre una mala noticia, sería menos relevante si no fuera por el contexto. El país vive un cambio de tendencia del sentido común y la razonabilidad hacia el exceso ideológico y el populismo. Si esta tendencia no se revierte, no será la única rebaja que tengamos en la calificación, pero, desgraciadamente, habrá muchas otras consecuencias negativas que impactarán a los chilenos.