Es inaceptable la demora que sufren en sus pagos cientos de miles de proveedores de bienes y servicios, muchos de ellos pequeños o medianos. La impuntualidad horarios es habitual en nuestra vida laboral y social, pero la impuntualidad financiera es especialmente nefasta.

De acuerdo a un informe de la Bolsa de Productos y de la Asociación de Emprendedores de Chile, durante el segundo semestre, el plazo promedios de pago de las facturas allí transadas llegó a 55 días para las pymes, diez más que el año pasado. Es válido que compradores y proveedores acuerden que los pagos sean efectuados a plazo. Lo nocivo son los retrasos y otros cambios en las condiciones acordadas, como, por ejemplo, los descuentos del monto adeudado. Las pymes, que suelen enfrentar un costo del crédito mucho más alto que las grandes empresas a quienes abastecen, son especialmente afectadas. No hay buenas razones financieras para justificar ese proceder. La burocracia, que abunda en el aparato estatal, a veces también se aloja en las grandes empresas.

Conscientes de la importancia de fortalecer la solvencia y productividad de las pymes, todos los últimos gobiernos han procurado hacer de la factura pendiente de pago una suerte de efecto de comercio, capaz de mejorar su acceso al crédito. En 2018, el 100% de las empresas operará con factura electrónica y su cobro goza hoy -gracias a una ley reciente- de mérito ejecutivo a los ocho días de la emisión, si el comprador no ha reclamado inconformidad con el producto o servicio recibido. Ello debería facilitar enormemente la negociación de las facturas a través de empresas de factoring, bolsas de valores u otros mecanismos, y abrir a las pymes grandes oportunidades. El hecho de que generalmente el pago de sus facturas corresponda a grandes empresas, de muy buen crédito, las hace atractivas para muchos inversionistas y permite a las pymes acceder a un amplio campo donde financiar sus proyectos en buenas condiciones. Hay que seguir promoviendo ese camino.

Sin embargo, la incertidumbre respecto de la fecha y monto de los pagos introduce en las facturas un riesgo innecesario, que conspira contra su uso como efecto de comercio. Las municipalidades y hospitales suelen ser malos pagadores. Muchas grandes empresas también lo son. Los cambios introducidos por el gobierno anterior para agilizar los pagos de organismos estatales y la creación del "sello pro pyme" deben ser perfeccionados. Una iniciativa parlamentaria pretende hacer obligatorio el pago de las facturas a 30 días (extensible a 45 días), so pena de elevados intereses. Pero ella se inmiscuye en materias que las partes deberían negociar libremente y la experiencia internacional de una legislación similar no es convincente. El Gobierno -con la ayuda de los gremios empresariales- debería tomar cartas en el asunto y promover prácticas que liberen a los proveedores de la incertidumbre sobre su debido pago.