Las reglas están para cumplirse. No hay discusión. En el caso de Barnechea, como en general lo que se trata de la conformación de las divisiones, los ascensos y las exigencias para "acreditarse" como club profesional o semi profesional, el problema es que la normativa es dudosa por sus efectos, cuestionable en su origen, por quienes la idearon y defendieron, y francamente incumplible casi en cualquier parte del mundo, salvo que se entienda como una medida de una economía proteccionista, propia de un modelo conducido por una suerte de oligarquía gansteril.

Se puede entender que los administradores del fútbol chileno, que no son otros que los clubes que delegan sus derechos en una mesa directiva, quieran salvaguardar el ingreso de un nuevo socio que quizás no otorgue las garantías institucionales, aun cuando tenga a su haber todos los requerimientos deportivos. Se podría interpretar como una demanda razonable, siempre y cuando se ajustara a cierto contexto racional, acorde a las circunstancias del mercado donde se desarrolla la competencia.

En ese entendido y aun cuando recién hace una semana la ANFP haya disminuido casi a la mitad la cuota de incorporación a la Primera B (de 50 mil a 24 mil UF), sigue siendo una barrera de entrada impresentable, para nuestra limitada realidad, la que imponen los clubes para que un nuevo integrante se sume a este grupo de élite. El debate central, por cierto, no es que ese "nuevo" club no vaya a recuperar la inversión si es que logra mantenerse en la categoría unas cuantas temporadas, sino que cuál es la verdadera dimensión y valor que tiene la competencia deportiva que llevó a esa institución a conseguir ese derecho, versus el objetivo recaudador que tiene el organismo que rige el fútbol nacional.

Que toda esta problemática, además, se termine desarrollando sobre el inicio de los torneos (se suman acá las controversias administrativo-financieras de Independiente de Cauquenes y Naval en la Segunda División) no contribuye en absoluto a que haya una decantación juiciosa. Es innegable que la directiva de la ANFP ha orientado su labor a resolver el intríngulis, pero su convicción es insuficiente cuando el espíritu de la mayoría de los clubes de la B se ampara en la mediocridad deportiva y un sentido de la ambición pequeña que hoy abunda como criterio de construcción institucional.

Tiene toda la razón el sindicato para protestar por lo inoportuno de las determinaciones, no así porque no sea una medida ajustada a la reglamentación. Por la normativa deberían reclamar los dirigentes que tengan una dosis de sensatez y algún grado de honesta autocrítica.