Finalmente se hizo realidad la temida "reclasificación" de Chile por parte de la evaluadora de riesgos internacionales Standard & Poor's (S&P). Estima que ya no se justifica la excelente calificación que habíamos obtenido en 2012, porque las inversiones en Chile resultarían ahora más riesgosas. Como el veredicto ya había sido anticipado, no se esperan consecuencias inmediatas en los mercados. Pero no hay que menospreciar lo que la mala nota implica: hemos decepcionado las expectativas que se abrigaban sobre nuestro dinamismo económico y disciplina fiscal; los inversionistas nacionales y extranjeros solo volverán a confiar en nuestro futuro si rectificamos el rumbo.

Estima S&P que nuestro crecimiento económico se mantendría a un paupérrimo 2% anual por el resto de la década. El Gobierno hace denodados esfuerzos por demostrar que el problema proviene exclusivamente de la caída del cobre y alude a efectos similares observados en otros países mineros, como Australia, Canadá y Perú. Pero ninguno de ellos ha sido objeto de una reclasificación negativa como nosotros. No es sorprendente que un país minero sufra cuando el precio de su principal producto se viene abajo. Lo que llama la atención -y exacerba el daño- es que en lugar de aplicar políticas en favor de la inversión y el crecimiento, promueva reformas que siembran la incertidumbre en todas las actividades productivas.

A consecuencia del magro ritmo de actividad económica y del menor precio del cobre, los ingresos fiscales han crecido solo al 2,3% anual desde 2013, pese a la fuerte alza de los impuestos aprobada en 2014. Mientras tanto, el gasto público crece al 5,3% real en igual período. Para este año el ministro de Hacienda acaba de corregir al 4% real la expansión presupuestaria estimada, desde el 2,7% inicialmente previsto. No cabe extrañarse entonces que, entre 2013 y 2017, el déficit haya aumentado desde 0,6 a 3,1% del PIB, que la deuda fiscal haya saltado desde 12% del PIB a un estimado de 25% y que se nos haya dejado caer la mala nota que comentamos.

Junto con priorizar el crecimiento económico, el próximo gobierno habrá de reconquistar la credibilidad de nuestro compromiso con la disciplina fiscal. La regla del balance "estructural" ya nos inspira mucha tranquilidad: el gobierno anterior dejó el déficit estructural en 0,5% del PIB, y el actual -según la última estimación oficial- lo haría en 1,7%. Mientras tanto, las fuerzas políticas siguen comprometiendo gastos a futuro sin reparar en la severidad de la situación. Por ejemplo, elevar la gratuidad de la educación superior al 60% más pobre implica un costo fiscal de al menos US$ 1.000 millones anuales sin contribuir ni a la equidad ni a la calidad y autonomía universitaria.

Aunque es humillante la degradación económica de Chile, ojalá nos sirva para poner en las decisiones públicas el debido énfasis en la eficiencia y la austeridad fiscal.