A inicios de la década de los 90, cuando me desempeñaba como rector de la U. de Valparaíso y junto a mis colegas de esas instituciones empezábamos a pedir un trato preferente para las universidades del Estado, me encontré un día con esta insólita pregunta de un senador socialista: "¿por qué el Estado debe tener universidades?". Ese parlamentario, además de desconocer que el Estado tiene universidades en todos los países de la tierra, parecía vivir en el momento fundacional de nuestra república, es decir, el año 1810 y posteriores, cuando su pregunta pudo tener alguna pertinencia. Pero no: estábamos a finales del siglo XX y contábamos con 16 universidades estatales, partiendo por aquella que tuvo como primer rector a Bello y que fue instalada -imagino que para horror de ese senador- en 1843.

Si menciono aquí ese tristísimo y revelador episodio no es para mostrar la incoherencia doctrinaria de mi interlocutor socialista, sino la falta de sensibilidad pública, imperante hasta hoy, ante la situación de universidades estatales a las que la dictadura maltrató en aspectos tanto institucionales como financieros. Falta de sensibilidad, digo, aunque creo que me quedo corto: lo que ha predominado hasta hoy es una mal disimulada malquerencia con tales planteles, una frialdad y hasta desdén por ellos y las actividades que realizan, sentimientos negativos de los que se han hecho parte algunos cuyas militancias políticas y cargos gubernamentales ocupados luego de 1990 harían pensar que mirarían a las universidades estatales con buenos ojos y se mostrarían dispuestos a tenderles la mano que el régimen militar empuñó contra ellas.

Ese puño, y la indiferencia que en tal sentido mostraron todos los gobiernos a partir de 1990, sin que la situación haya cambiado hasta ahora, es lo que explica que las universidades estatales sean hoy solo 18 de las 60 que tiene el país y que capten apenas el 23% de la matrícula de pregrado en ese segmento de nuestra educación superior. Un 23% que baja al 15% si se considera la matrícula no solo de las universidades, sino también la de institutos profesionales y centros de formación técnica. En consecuencia, Chile tiene asegurada una provisión mixta de educación superior, es decir, pública y privada, pero con evidente y abultado predominio privado, y de allí la mendacidad y hasta mala fe de algunos analistas y políticos que ante el reciente proyecto de ley a favor de las universidades estatales denuncian el fin de la provisión mixta y la estatización de nuestro sistema de educación superior. Dicho proyecto -aguardado ya por tres décadas- viene solo a corregir las desventajas en que se encuentran las universidades del Estado y no a traspasar a este el control de nuestra educación superior, y lo que busca es aumentar la matrícula en ellas, no monopolizarla; pero esos analistas y políticos ocultan los hechos, omiten cifras y dan libre y habitual salida a la bilis que por algún raro motivo han ido acumulando contra ese sector de universidades. Bueno, no tan raro, a fin de cuentas, si se trata de sujetos que lo que en verdad celebran no es la provisión mixta, sino la perspectiva de que toda ella -así como pasa con la previsión- estuviera en manos privadas y alentada antes por la expectativa de beneficios económicos que por genuinos proyectos educativos.

Los postulados neoliberales en boga han contagiado incluso a aquellos que deberían haber desarrollado una cierta inmunidad ante el discurso dominante de que el Estado debe retirarse de todos los campos y dejar que estos pasen a ser solo oportunidades de negocios para los inversionistas, incluidas, además de la educación, la salud y la previsión.

El proyecto al que me refiero busca reforzar a las universidades estatales y no debilitar a las restantes. Quiere dar un trato preferente a aquellas instituciones, mas no exclusivo ni tampoco excluyente de la atención que el Estado debe prestar a todas las universidades que de verdad muestren carácter público en las actividades que realizan y no solo en las declaraciones que emiten cada vez que van a repartirse fondos públicos. Intenta promover la calidad de las instituciones estatales y liberarlas de las trabas que dificultan su acción, mas no perjudicar la calidad ni la gestión de las restantes instituciones.

El Congreso Nacional tiene ahora la palabra.