La mejor fórmula para una lucrativa y rápida carrera militar en el Ejército de Bolivia es traspasar la frontera chilena y dedicarse al contrabando. Una vez expulsados del territorio nacional, el Presidente Morales garantiza a sus soldados ascensos a grados superiores, aumentos de sueldos, condecoraciones y destinos a nuevas funciones bastante más favorables que el sacrificado patrullaje a cuatro mil metros de altura. Más todavía, los hace famosos y les concede el delirante tratamiento de héroes.

Ha ocurrido con una veintena de militares altiplánicos. En una década, en sucesivos episodios, Carabineros los detuvo por robo y contrabando. En cada caso la detención no duró más de dos días, para ser expulsados y recibir al día siguiente honores y privilegios a su regreso a Bolivia.

La situación ha escalado. Ahora, el Presidente Morales les ha otorgado el reconocimiento de "mártires de la reivindicación marítima" a los delincuentes. Se trata de dos soldados y siete aduaneros detenidos el 19 de marzo pasado y que, luego de más de tres meses en prisión, fueron condenados por robo y contrabando y, en el caso de los soldados, por porte ilegal de armas. Luego, fueron expulsados.

Tal vez Morales ignora que lo propio de los mártires es el sufrimiento de torturas y muerte. Ha sucedido todo lo contrario: además de los premios bolivianos, los detenidos reconocen haber recibido buenos tratos, asistencia legal y visitas continuas. Además, en los antecedentes del proceso consta un informe médico que certifica su buena salud y la constancia de haber subido dos kilos de peso, en promedio.

El único y merecido padecimiento que han experimentado los detenidos es la suma de la burocracia, del debido proceso y de la aplicación justa de la ley antes de la expulsión.

Morales, a raíz de este episodio, ha orquestado una ridícula campaña propagandística, nuevamente para victimizarse e intentar desprestigiar a las instituciones y autoridades nacionales. Lo hace para consumo interno y se sirve de los foros internacionales. Pretendió recurrir a la OEA y a la Corte Interamericana de Justicia. Ha invocado el funesto Pacto de Bogotá y, probablemente, insistirá en los dos juicios que se tramitan en La Haya.

Es aconsejable que las autoridades chilenas revisen los procedimientos para la expulsión expedita de soldados y funcionarios bolivianos que ingresan ilegalmente a territorio nacional. Volver a contribuir a que Bolivia transforme en mártires o en héroes, y facilite la carrera funcionaria de delincuentes, y que haga mal uso de estas transgresiones, no es tarea de los fiscales ni conviene a los intereses nacionales.