La señora María Angélica Varas no es conocida, es una chilena, trabajadora anónima, de mediana edad, de una empresa que opera, como concesionaria, alguna de las líneas del Transantiago que cubren el recorrido hacia la comuna de Maipú. Desde el día jueves se encuentra en estado gravísimo a consecuencias de las lesiones que sufrió por el atropello causado por otra de las máquinas que operan hacia y desde esa comuna. Este hecho, que se insertaría -normalmente- en las desgracias que nos regalan las crónicas periodísticas policiales tiene, sin embargo, un trasfondo en el que debemos detenernos. Ella es una fiscalizadora que vela por evitar la evasión del pago del pasaje por los usuarios, y el atropello se debió al empujón que un evasor universitario, increpado por ella, le asestó, hasta ponerla en la ruta de circulación de un bus que intentaba maniobrar para adelantar a la máquina detenida a consecuencia del altercado fiscalizador.

Seguramente María Angélica daría lo indecible por mantener su anonimato y vida cotidiana, pero ya no puede volver atrás las manillas del reloj, está llamada a ser un símbolo vivo y permanente de los efectos de un problema que nos afecta a todos y que no podemos corregir a punta de leyes, querellas, u otras bravuconadas legislativas o mediáticas; debemos tomar conciencia de que el problema del Transantiago se nos está escapando de las manos y que todos tenemos algo que decir, hacer y concretar.

La evasión de este sistema, al primer trimestre del 2017, alcanza un nivel global de evasión del 31,4%, bajando unos puntos desde el 34,6% que arrojaba la medición anterior. Pero entendamos que esta evasión es global, pues al desagregar la cifra observamos que tres de las prestadoras más grandes superan, por mucho, este promedio. La evasión, ajustada por pasajeros transportados llega al 34,9% en SuBus Chile, al 37,6% en Alsacia y a un 46% en STP Santiago; es decir, hay zonas de Santiago donde casi la mitad de los usuarios del sistema no pagan su pasaje. Esto ya dejó de ser tendencia y es posible sostener que ha ocurrido una transformación cultural donde se ve como legítimo el incumplimiento, que se tiene el derecho a eludir el pago del pasaje y que resulta una defensa legítima amedrentar a quienes velan porque aquello no ocurra. Las razones de este cambio quizás se encuentran en la facilidad otorgada al inicio de funcionamiento del sistema o en la persistente deficiencia e incomodidad que este ha mantenido durante más de 10 años, desde su puesta en marcha.

Sin perjuicio de las correcciones y mejoras implementadas, en la vorágine de licitaciones, contratos y modificaciones que ha habido estos años, siguen siendo los instrumentos contractuales los que definen la suerte y ventura de su ejecución y que han irrogado, en este tiempo, gastos directos superiores a los 6.500 millones de dólares, más una serie de recursos presupuestarios que alcanzan a fondos espejos que se invierten tímidamente en regiones. Entre estos recursos que se inyectan al sistema hay valores que corresponden a los costos de fiscalización que se les traspasa a los operadores y que apuntan a promover la disminución de la evasión -en un juego de premios y castigos-, y que incentivan a que estos contratantes se hagan cargo de una labor que, siendo potestativa y exclusivamente estatal, la realizan mediante trabajadores privados que asumen como fiscalizadores, sin ningún soporte de autoridad estatal. Al mismo tiempo, el Estado también acomete la fiscalización mediante fiscalizadores que tampoco son funcionarios públicos, sino que se adscriben mediante convenios de honorarios, algunos de los cuales tienen el reconocimiento legal de la calidad de "agente público", para efectos de la responsabilidad penal y administrativa; así parecen funcionarios y actúan haciendo lo que, en rigor, solo les corresponde a aquellos cuando ejercen poder fiscalizador, aunque inicialmente de manera transitoria y bajo el riesgo presupuestario de que, al final, terminarán siendo funcionarios públicos de tomo y lomo.

Como siempre, nosotros creemos en la fortaleza de la ley. Existe en actual tramitación un proyecto de ley que crea un Registro de incumplidores (actividad registral que siempre es generosa en su decisión pero muy feble en su operación, v.gr. pedófilos que estando en el registro siguen conduciendo vehículos escolares). Esta iniciativa se contiene en el Boletín 10.125-15, ingresado en junio de 2015, y entre sus normas sanciona con penas agravadas la agresión a un "inspector fiscal" del Ministerio de Transportes, lo que antes de regir haría inoficiosa su aplicación en el caso de la señora lesionada. Se trata de una verdadera inconsistencia que produce un paraguas de protección legal solo a los funcionarios -o a quienes se reputan de tales-, pero que en la realidad de lo ocurrido hace unos días deja en el desamparo a la mayoría de los trabajadores que también velan por el debido cumplimiento ciudadano.

Como decíamos, el silencio activo que hemos adoptado -que en algunos casos se encuentra con el miedo que producen quienes actúan con violento desparpajo- no puede significar que solo fiscalizadores y conductores insten por el pago debido. Cada uno de nosotros debe representar esta conducta, sea mediante su debida representación o pronta denuncia, somos más los que cumplimos, somos todos quienes debemos al menos traducir en conductas reales el apoyo al agravio sufrido por la señora Varas, a quien le agradezco en anónima representación de muchos que estoy seguro comparten este escueto homenaje.