En todas partes se estira el cordel hasta que se corta, sin medir las consecuencias personales, institucionales y para los países: son los contumaces irrenunciables.

La Primera Ministra de Gran Bretaña, Theresa May, no renuncia. Prescinde de sus responsabilidades en la catastrófica e innecesaria elección reciente. Su derrota debilitará a su país en el Brexit, la mayor negociación diplomática después del término de la Segunda Guerra Mundial. La negociación comienza solo en diez días más. Poco parece importarle la suerte de su nación y de su partido. Seriamente debilitada, recurriendo a frágiles alianzas, más le interesa continuar en el poder, a todo costo. Su predecesor fue digno: renunció apenas fue derrotado en un referéndum, también innecesario, sobre la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea.

El Presidente Temer mantiene a Brasil en la incertidumbre y no quiere renunciar. Su continuidad depende de un hilo, de un juicio político, cada vez más riesgoso y cercano, que volverá a paralizar y dividirá aún más a su país.

El Presidente Maduro es otro irrenunciable, y peor, en aferrarse al poder. Al igual que Evo Morales, perdió un plebiscito que apuntaba a su reelección indefinida y sigue gobernando, mientras se aproximan al centenar los muertos en las protestas por su permanencia en el cargo.

El general director de Carabineros se niega a renunciar. Se resiste a asumir la responsabilidad del mando que corresponde por dirigir una institución que atraviesa por la mayor crisis de su historia. Su inocencia no lo exculpa de esa responsabilidad. Lo paradójico es que quien renuncia, en vez del general, es el Gobierno a llamarlo a retiro.

Dilata así el cambio desde la cúpula para abordar y desmontar una organización de decenas de policías, "que desde tiempos inmemorables" (sic) -según el juez Ponciano Salles, uno de los que están a cargo del caso- ha cometido la mayor defraudación de recursos públicos de que se tenga memoria. Ya van más de 30 millones de dólares los malversados y el país no advierte otro cambio, salvo la comparecencia a tribunales de los inculpados.

¡Que lo resuelvan los generales! Es la consigna oficialista. Nada que ver la Presidenta ni el ministro del Interior. El Gobierno no advierte que su pasividad lo perjudica: pierde autoridad y profundiza la crisis, que compromete el prestigio de la institución más valorada por la ciudadanía y daña la moral y el respeto de más de sesenta mil policías honestos, sacrificados e inocentes.

Cada uno de los que se resisten a renunciar cree que sin ellos se cae el sistema, que las responsabilidades son ajenas y que tiene la experiencia para sacar adelante a su país, institución o su partido. Por el contrario, sus permanencias en los cargos no hacen más que agravar las situaciones, y la supuesta experiencia para enfrentar las crisis es el nombre que los demás dan a sus errores. Y el último de estos es estirar la cuerda.