Esta semana, la Presidenta Bachelet realizó la última Cuenta Pública de su segunda gestión, por lo que es un momento oportuno para realizar un balance de lo que esta significó para el progreso del país. Y dado que las tendencias económicas no cambian bruscamente, los meses que faltan para concluir su mandato se pueden predecir con relativa claridad.

Hace poco se conocieron cifras de crecimiento del primer trimestre de 2017. Las autoridades estimaron positivo que los datos no fueran negativos -alejándose de una recesión técnica-, pero reconocieron que el 0,1% informado es insatisfactorio.

Si validamos las proyecciones oficiales para el segundo semestre -entre el 2 y 3%-, el avance anual no superará el 1,6%. Considerando que en los tres años anteriores hemos visto 1,9%, 2,3% y 1,6%, respectivamente, el promedio del Gobierno actual apenas se empinará sobre 1,8%, cifra que supera por poco el crecimiento de la población. Es lamentable, pero en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet se estancó el progreso de Chile.

Desafortunadamente, los indicadores que reflejan lo que podría revertir esta inercia en el futuro, como la inversión o el dinamismo exportador, tampoco son auspiciosos. Siendo optimistas, la inversión crecerá unas décimas de punto este año y con ello, el promedio de los cuatro años del Gobierno mostrará una caída de 1,5% anual. Las exportaciones, por su parte, habrán disminuido un 0,5% por año.

Todos estos números son desalentadores, pero pueden parecer lejanos al quehacer diario de los ciudadanos. Sin embargo, comienzan a tener más sentido cuando analizamos sus consecuencias. Pocos discuten que más y mejores empleos es la mejor manera de lograr que las mayorías tengan oportunidad de avanzar hacia una vida más plena.

El empleo es el principal motor que saca a las personas de la pobreza y la desesperanza, a la par que facilita que las clases medias satisfagan en mayor medida sus crecientes expectativas de bienestar.

El balance del Gobierno actual en esta dimensión será paupérrimo. Mientras en la administración precedente se crearon prácticamente un cuarto de millón de empleos al año -más del 75% formales y con estabilidad-, la gestión actual vio aparecer solo 100 mil nuevos trabajos al año, de los que casi la mitad son por cuenta propia, y no precisamente porque los chilenos aprendieran a saborear con pasión las vicisitudes de una vida independiente, sino por falta de alternativa.

Algunos argumentan que el progreso económico que Chile vivió no importa tanto y que el país no lo quiere. La Presidenta misma lo insinuó hace casi dos meses y lo dejó entrever nuevamente en su discurso del jueves, cuando anunció que "deja sembrados los cimientos de un nuevo desarrollo económico", mostrando así que parece pensar en un mundo paralelo.

Pero basta analizar las demandas de la sociedad, incluso las vociferantes y agresivas, para comprender que todos quieren mejorar las pensiones, la atención de salud, más y mejor educación, vivienda y calidad de vida. El país sí quiere progresar. Lo que sucede es que la mayoría de nuestros líderes políticos hoy difunden la idea de que para ello basta declararlo como un derecho, sin que sea necesario el esfuerzo organizado de todos los sectores.

Hasta hace pocos años, los chilenos discutían cómo aprovechar la oportunidad que la sociedad se había forjado para cruzar el umbral del desarrollo en forma definitiva. El legado económico del actual Gobierno es haber alejado esa meta. Hoy, el esfuerzo que tenemos por delante es doble: hacer el trabajo duro de volver a estar en condiciones de dar el salto al progreso y, a la vez, lograr reenfocar a la sociedad en cómo organizarse para ello y no seguir en un espiral de demandas infructuosas.

Quienes reconocen que hay menos progreso, pero defienden al Gobierno porque habría enfocado mejor el uso de los menores recursos existentes, compensando el menor avance, deberían advertir que nada indica que sea así.

En áreas donde la presencia del Estado es predominante, como la salud, las falencias son evidentes. Las listas de espera no ceden, el sector público vive con déficit crónico y las metas de inversión quedaron en el olvido, fruto del estancamiento generado por el debate ideológico interno sobre las concesiones hospitalarias. En su discurso, la Presidenta señaló que, en marzo del 2018, habría 21 hospitales construidos. Si bien eso suena mayor al compromiso inicial de 20 hospitales terminados al fin de su administración, la lista final, en caso de cumplirse, puesto que a la fecha solo se han terminado cinco, corresponderá a hospitales de menor complejidad que los comprometidos.

El año actual se crecerá un 1,6%, pero solo si aceptamos como cierto el pronóstico oficial para los últimos dos trimestres, del 3%, porque los datos hoy son más modestos. Se hace mucho ruido indicando que el I trimestre habría sido mejor sin la huelga de la Minera Escondida, pero es este Gobierno quien ha consolidado el concepto de las relaciones laborales como de demandas y enfrentamientos, y no de armonía para mejorar la productividad y beneficiar a todos. Si esto no se revierte, lo que hoy se cree puntual será un lastre permanente.

Por su parte, hace pocos días se conocieron nuevos datos de producción industrial, empleo y comercio para abril, ya dentro del II trimestre. No son alentadores. Los índices de producción industrial, minero, de electricidad, agua y manufacturero caen, este último con un descenso interanual de 7,5%. Aún corrigiendo por los menores días laborales, estamos en terreno negativo.

El desempleo aumenta marginalmente y siguen liderando los empleos por cuenta propia. El balance desalentador no parece que pueda cambiar en los pocos meses que quedan del Gobierno. Su sello negativo a estas alturas es definitivo.

Es preciso reconocer que la autoridad realiza un esfuerzo por mantener un manejo macroeconómico que no descarrile los equilibrios que el país consiguió con tanto esfuerzo. Ello es un punto favorable si la sociedad vuelve a comprender que sus anhelos solo se lograrán con progreso y decide relanzarse por ese camino.

Pero incluso en esta área hay señales preocupantes. En un país que se jactaba de su casi nula deuda pública, esta alcanzará un 30% del producto a fines de la década, según proyecciones oficiales. Lo anterior solo si el crecimiento vuelve a empinarse sobre el 3% y se contienen las obligaciones y compromisos que este mismo Gobierno asumió. Pero incluso en esta dimensión queda claro el error de diagnóstico de la autoridad. No son mayores tasas de impuestos las que permiten al fisco una mayor holgura; si con ello se afecta al crecimiento, el país es el que pierde.

Conviene terminar este balance preliminar del actual Gobierno poniéndolo en la perspectiva del mundo. Es cierto que la economía mundial no ha estado exenta de tropiezos y sobresaltos. Pero a pesar de ello, el mundo como un todo ha crecido durante estos cuatro años prácticamente al 3,4% anual, cifra muy superior a lo logrado por Chile.

Incluso los países avanzados lo hicieron mejor que Chile, y con ello la meta de alcanzarlos se hizo más lejana. El legado negativo ya es una realidad, pero el ciclo político que comienza abre una esperanza. Las oportunidades en el mundo están allí, y las instituciones públicas y privadas nacionales siguen siendo comparativamente sólidas. Si se abandona el espíritu de conflictos y demandas y se reemplaza por el esfuerzo conjunto organizado, el desarrollo puede volver a estar al alcance de la mano.