Señor Director:

Propio de un país civilizado, en Chile se nos dice que "en todo accidente del tránsito en que se produzcan lesiones o muerte de alguna persona, el conductor que participe en los hechos estará obligado a detener su marcha, prestar la ayuda que fuese posible y dar cuenta a cualquier funcionario de Carabineros que estuviere próximo al lugar del hecho, para los efectos de la denuncia judicial". Es decir, se reconoce un sentido de solidaridad entre los seres humanos, que tiene carácter de obligatoriedad, en el marco de las posibilidades reales que tenga quien debe prestar ayuda. La lógica que subyace -de sentido común además- es que el más débil requiere el cuidado de los demás.

La ley, en trámite, que permite -y por lo tanto legaliza- el aborto va en la línea contraria. Si un ser humano que ha sido sacado a la fuerza del útero materno -con la intención de que no continúe su desarrollo y muera- sobrevive a tal acción brutal, el proyecto no contempla que el personal que está allí deba realizar, de manera clara y decidida, las medidas terapéuticas que corresponde para salvarlo. Creo que ello merece una explicación porque es aberrante.

Lo que demuestra este artículo que se discute actualmente en las comisiones del Senado es que -para quienes lo defienden- el ser humano en las etapas iniciales de su vida no vale nada, incluso fuera del útero, vivo y gravemente dañado. Tampoco vale nada, para quien, como sucede con el médico y el personal de salud, prometió nunca dañar y hacer el bien posible.

No entregar cuidados terapéuticos adecuados a un paciente que lo requiere es dejarlo morir. De aprobarse en esos términos esta ley, marcaría un punto de inflexión respecto del derecho que tiene todo ser humano a que se le respete su vida, y también respecto del ethos de la medicina.

Este proyecto no debe ser aprobado porque es inhumano, y como lo demuestra el trato que le darán al sobreviviente de un aborto, de una frialdad que aterra.

+Fernando Chomali G.
Arzobispo de Concepción