Para hoy a las 10:30 horas está prevista la sesión solemne del Congreso Pleno ante la cual la Presidenta Michelle Bachelet cumplirá, por última vez en este su segundo mandato, con el deber de dar cuenta del estado de la Nación. Por reforma constitucional de abril de este año, la fecha de la cuenta ha pasado a ser el 1 de junio, en vez del 21 de mayo.
Se retoma así la fecha con la que se inició esta práctica, inspirada en las costumbres parlamentarias inglesas. Como la Constitución de 1833 establecía que el 1 de junio se iniciaba el período de sesiones ordinarias del Congreso, en esa fecha los Presidentes comenzaron a inaugurar dicho período con un discurso sobre la marcha de los asuntos públicos.
La fuerza de esta costumbre fue tal que, al redactarse la Constitución de 1925, se la consagró expresamente. Como el comienzo de las sesiones ordinarias se dejó para el 21 de mayo, se dispuso que esa sería también la fecha en que se rindiera la cuenta. La Constitución de 1980 mantuvo la obligación presidencial, pero sin vincularla al inicio de las sesiones parlamentarias; solo señaló que debía hacerse anualmente.
Con el retorno a la democracia, el Presidente Aylwin retomó la costumbre anterior, y rindió su primera cuenta el día 21 de mayo de 1990. Al comenzar su discurso explicó: "Aunque el texto constitucional vigente no prescribe ante quién ha de rendirse esta cuenta ni la oportunidad de hacerlo, pienso que lo más adecuado es restablecer la vieja tradición histórica, que expresamente consagraba la Constitución anterior, de rendir esta cuenta ante el Congreso Pleno -el organismo más representativo de la nación toda-, en la ocasión solemne en que inicia su legislatura ordinaria y en esta fecha en que Chile conmemora uno de los ejemplos de patriotismo de más alto significado moral de nuestra historia". La reforma a la Constitución del Presidente Lagos del 2005 suprimió la diferencia entre período ordinario y extraordinario de sesiones, pero mantuvo el 21 de mayo como fecha de la cuenta presidencial. Finalmente, la reforma constitucional de la Ley Nº 21.011, para evitar que, como venía siendo costumbre, se empañara la conmemoración del Combate Naval de Iquique con desórdenes y manifestaciones de origen político, trasladó la fecha de la cuenta al 1 de junio, en memoria de lo que sucedió durante la larga vigencia de la Constitución de 1833.
Se trata, por tanto, de una de las más antiguas y solemnes tradiciones que simbolizan la unidad de la república y que todo político o servidor público responsable debiera contribuir a cuidar, cualesquiera sean los intereses partidarios o contingentes del momento.
Es cierto que, en los últimos años, el sentido republicano del acto se ha visto amenazado por las pasiones políticas, tanto de sectores oficialistas como de oposición. Los mismos Presidentes han ido desvirtuando el sentido real y más profundo de la ceremonia. La norma constitucional los obliga simplemente a dar cuenta del "estado administrativo y político" de la Nación, pero normalmente esa tarea la entienden cumplida mediante un voluminoso documento escrito que nadie lee y en sustitución dirigen un extenso discurso en el que se ensalzan los éxitos gubernamentales y se hace un "ofertón" de anuncios y promesas para captar el aplauso fácil de la galería, sin que hayan sido suficientemente meditados.
Recuérdese que la urgencia de aplicar la gratuidad universitaria el 2016 se justificó en que había que cumplir, a como diera lugar, con el compromiso asumido por la Presidenta en su cuenta del 2015. ¿Resultado? La gratuidad por una glosa presupuestaria. Y eso sería todo, porque este año por tercera vez se instrumentalizará la Ley de Presupuestos, para dar la apariencia de que aquella promesa ha sido cumplida.
Cabe esperar que la Presidenta aproveche esta su última cuenta para pronunciar un discurso ponderado, sobrio y con altura de miras, que ponga el acento en lo que puede dar unidad y confianza en el futuro del país, más que insistir en "reformas estructurales" que no tienen ni el respaldo de los expertos ni el consenso de la ciudadanía.