El gobierno, administración y gestión financiera de los municipios son temas legislativos pendientes en materia de transparencia y regulaciones encaminadas a prever, fiscalizar y sancionar conductas de corrupción, conflictos de interés, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles, no obstante que es en ellos donde se concentran las mayores sospechas de malas prácticas. Los municipios suman 345, tienen muy diversos tamaños, estructuras y volúmenes de ingresos, y es improbable que la Contraloría General de la República cuente hoy con los recursos humanos y técnicos suficientes como para ejercer sus deberes de fiscalización en todos ellos. Se necesita una nueva legislación en materia municipal.

Los significativos recursos de los municipios provienen del gobierno central, de actividades que tienen lugar en ellos, de pagos que por distintos conceptos efectúan sus propios habitantes, pero las rendiciones de cuentas son siempre insuficientes. Los vecinos, cuya calidad de vida está ligada muy directamente al desempeño de sus gobiernos municipales, saben muy poco acerca de la administración y gestión financiera de estos. A muchos alcaldes y concejales se les ve más atentos a las cámaras de televisión cada vez que se va a cortar alguna cinta que de comparecer ante los vecinos y explicar cuánto dinero están recibiendo, en qué lo están gastando, y a cuánto asciende el endeudamiento, y por qué causas, en que puedan haber ocurrido.

No se trata de fiscalizar el gasto municipal solo para impedir esos viajes de capacitación que a algunos concejales gusta realizar a ciudades extranjeras con más perfil de centros turísticos que de enseñanza. De lo que se trata es de fiscalizar mucho más allá de eso, que no pasa de ser una mala práctica ocasional, si bien bastante grotesca. De lo que se trata es de limitar las muchas facultades discrecionales de los alcaldes y esa suerte de presidencialismo caudillista que ejercen en sus comunas. De lo que se trata es de terminar con contrataciones de personal a honorarios en número a veces mayor al de los funcionarios de planta y a contrata del respectivo municipio y por montos en ocasiones superiores a los sueldos de tales funcionarios, con la consiguiente frustración y desánimo de estos. De lo que se trata es de acabar con las contrataciones que hacen los municipios de dirigentes poblacionales cuyo único trabajo consiste en asegurar la próxima reelección del alcalde y de sus concejales afines. De lo que se trata es de fiscalizar mejor la asignación de recursos para obras, bienes y servicios a empresas y proveedores a veces vinculados con quienes trabajan en la plana mayor de los municipios.

Senadores y diputados cuyos territorios coinciden con uno o más municipios saben todo lo antes señalado y, por tanto, podrían jugar un papel de contención respecto de los alcaldes de su mismo partido, pero se abstienen de hacerlo porque necesitarán a ese alcalde y sus huestes en el momento en que les corresponda enfrentar su propia reelección. Miran entonces para el lado y aparecen por las comunas los días en que hay corte de cinta con prensa, radio y televisión asegurados. Ponen sus caras detrás de la del alcalde que habla con los periodistas y marcan de ese modo presencia, aunque lo que tendrían que hacer es marcar al alcalde que está haciendo uso de la palabra. Un alcalde que muchas veces se las ha ingeniado para complacer a la prensa de su comuna con variadas atenciones y con abundante contratación de publicidad en los medios de mayor audiencia local. Los partidos no se esmeran al designar candidatos a alcalde y concejales y prefieren postulantes con cara de ganadores antes que a personas idóneas, los cuales nombran luego en puestos del municipio a personas con más cara de amigos que de funcionarios calificados. Y es de esa manera como alcaldes y concejales se reeligen de forma indefinida, anunciando cada vez que lo hacen que esta vez sí será el último de sus períodos. Bueno, a veces puede tratarse realmente del último, pero con la vista y los recursos municipales puestos en una probable postulación a la Cámara de Diputados.

El tema de los municipios y su profesionalización está pendiente, pero ya sabemos lo que se nos dirá: que estamos en un año electoral y que no hay tiempo para discutir este tipo de cosas.