Han pasado ya tres semanas desde que un chiste accesorio dentro de una rutina, básico en su formulación y eventualmente ofensivo en su efecto, se puso al centro del debate sobre la televisión. En "Vértigo", el mismo espacio de Canal 13 donde otras veces el personaje Yerko Puchento se ha burlado de otras mujeres célebres por sus capacidades intelectuales o conductas sexuales, ahora la mofa se dirigió al aspecto físico de Cecilia Pérez, y ella reaccionó no solo acusando la efectiva ofensa, sino que movilizando al aparato estatal que fiscaliza a la TV y, además, prometiendo acudir a los tribunales de justicia del país.

La ofensa, en este caso, estaba dada por la figura de la comparación con Monga, otro ser de ficción. Ser confundida con un ser animalesco, negro y peludo -algo que puede ser leído como fealdad-, fue para la ex vocera de gobierno el detonante de una campaña mediática para salir en defensa de su dignidad.

Comenzó aludiendo a que la ofensa se hacía por la misma señal donde semanas antes un grueso error de control editorial había expuesto en horario de todo espectador el informe ginecológico de una víctima de violencia de género. Quiso que la máxima vulneración de derechos que había sufrido en televisión Nabila Rifo, ya expuesta por semanas en todos los matinales, fuera un agravante en el pleito personal que emprendía contra un personaje que actúa en horario adulto, además de en clave de humor.

Luego, cuando en la misma señal, en el mismo espacio y en el mismo segmento de humor se mofaron ahora de su gravedad, ella contraatacó movilizando a las instituciones, haciendo algo que muy pocas personas que sienten sus derechos amenazados pueden lograr: tener una representación legal que la reúne en la misma mesa con el presidente del Consejo Nacional de Televisión para no solo presentar una denuncia -cosa que cualquier ciudadano puede realizar vía web-, sino que además exigir una de las sanciones más altas consideradas en la ley: la suspensión de transmisiones de la señal.

Esa sanción, posterior a la amonestación y a las multas, solo se ha dictaminado una vez en la historia del Consejo de TV. Fue en 1999 y contra un operador de TV cable que emitía contenidos de pornografía y violencia excesiva en horario de protección al menor.

En su alegato -público, mediático y privilegiado-, Cecilia Pérez ha dicho que emprende esta batalla para proteger a las mujeres, pero movilizada por sus propias hijas, quienes, aparentemente, tienen acceso a contenidos adultos de televisión.

Y lo cierto es que a estas alturas es casi imposible que alguien no esté al tanto de cuánto la ofendió la mofa sobre su aspecto físico en televisión. A estas alturas, precisamente gracias a cómo ha personalizado el pleito, es imposible no empezar a subjetivar la discusión y a caer en rutinas tan nimias como la del último "Vértigo", donde Yerko se dedicó más a cuestionar la sobrerreacción de Pérez que a hacer lo que hace mejor. A estas alturas, a la hora de discernir si su reclamo es justo, es difícil evitar hacer la pregunta sobre si se parece o no.

Por eso, más allá de las teorías conspirativas sobre por qué surge este intento de cierre de transmisiones en un año electoral o de empezar a leer con sospecha las militancias políticas de quien reclama o de quien preside el canal, empezamos a cuestionarnos cuánto se afecta la dignidad -aquello que relacionamos con honorabilidad-, cuando lo que realmente parece estar bajo ataque es la vanidad.