Cada cierto tiempo, la Presidenta sorprende con frases que parecen fuera de contexto, pero que dejan permear la visión que inspira sus acciones.

Una de las más chocantes fue "cada día puede ser peor"; otra, la pronunciada ante el fallecimiento del dictador Fidel Castro, "el líder por la dignidad y la justicia social".

Recientemente declaró "no me interesa para nada un crecimiento económico brutal...". Detrás está la idea de que el crecimiento no beneficia a las mayorías y que habría maneras de hacerlo sin hacer surgir la economía. Cuba, oprimida por una dictadura hace más de medio siglo, es, para algunos, ejemplo de ello, aunque nunca expliquen por qué ante tanta supuesta mejora sigue requiriendo el uso de la opresión permanente.

La realidad es que a pesar de múltiples experimentos sociales con enormes costos, no hay manera de que la mayoría se beneficie sin progreso. Chile mismo lo constató; no hay período en su historia donde todos progresaron más y en todas las dimensiones que con el alto crecimiento vivido desde mediados de los 80. Pero, lamentablemente, el derrotero en el que ha sido embarcado el país por este Gobierno ha hecho mella en el ritmo de avance.

Existen dentro de esta administración quienes intentan introducir racionalidad en las decisiones, como el reciente despliegue del ministro de Hacienda para, según expresara, preservar incentivos en la propuesta de reforma al sistema de pensiones. Lo cierto es que las propuestas aún así introducen distorsiones que lesionarán la capacidad de tener mejores pensiones a futuro. La fuerte impronta ideológica que se trasunta de las frases presidenciales aplicada en múltiples políticas nos ha llevado al estancamiento.

Los datos de las últimas semanas no indican que la economía esté repuntando. La cifra estimada para el año se acerca a un magro 1,6%, y aunque corrijamos por el efecto de la huelga de Escondida, no superaríamos el 2%.

Es cierto que las cifras de desempleo no se han disparado. Así es cuando se entra en un proceso de lenta agonía. Quien tenga la oportunidad de recorrer un país de bajos ingresos, como la India, tendrá la impresión de estar ante una realidad de gran desempleo, lo que no se condice con las encuestas. Sucede que la norma es la ocupación precaria.

De a poco en Chile los empleos son de menor calidad, pero terminan siendo aceptados por los desafortunados golpeados por la desaceleración. Las crisis financieras provocan violentas alzas de desempleo; el deterioro paulatino, acostumbramiento.

Este lento avance convive con una situación mundial que, según lo expresó la directora del FMI en entrevista reciente, es de "aires primaverales". Efectivamente, este año y en todas las regiones del mundo se pronostica un repunte que Chile no está aprovechando. Las incertidumbres políticas que se mantienen vivas en el planeta no entorpecen ya la mejora de las expectativas, del consumo y la producción.

Pero en Chile la impronta del Gobierno sí pesa: la reforma laboral, el proyecto de educación superior, las propuestas para el sistema de pensiones y la intención de mantener viva la discusión constitucional son un lastre que impide el avance del país.

La reforma laboral, que recién empieza a regir, privilegia los monopolios sindicales. El sinnúmero de elementos interpretativos que quedaron abiertos en la tensión entre ideología y un mínimo de racionalidad poco a poco se inclinan a consolidar la visión ideológica del Gobierno, y el daño de largo plazo a la vitalidad de nuestro aparato productivo será de gran magnitud.

El proyecto de educación superior, que acaba de pasar una primera barrera en la Cámara, bajo el argumento de la gratuidad, lo que en realidad hace es crear un cepo político y administrativo a un área en la que se invirtió como nunca antes. Si se quería facilitar el estudio a los más necesitados, el camino obvio era mejorar los programas de becas y créditos. Pero el propósito principal parece ser el control de la educación. Es paradójico que el Partido Comunista sea el que dé clases de administración de universidades luego de la bancarrota de la Universidad Arcis.

A pesar de los esfuerzos de racionalidad del ministro de Hacienda en la propuesta recién esbozada sobre pensiones y de la que aún se desconocen muchos detalles, también está claramente presente la visión de que es el Estado el que debe controlar los ahorros de los ciudadanos, cercenándoles alternativas de elección y reservándose el derecho a redistribuir según sus propias apreciaciones políticas.

Se reconoce abiertamente que el problema a resolver no es el de las personas de menores ingresos, sino de un "sector medio". Muy conveniente en un año electoral. Es tan fuerte la impronta ideológica que se desechó la opción de una AFP estatal que les daría libertad a las personas para elegir o no a su afiliación, porque se teme que ello validaría el modelo. En la porción del alza de cotización que se "reservaría" a los individuos, la opción estatal es única y obligatoria. Pero además es posible prever que la proporción del aumento del 5% de cotización en 6 años, que en el largo plazo se postula de un 3% de ahorro y 2% de impuesto, tenga un balance muy diferente al inicio.

Si se desea aumentar en un 20% las pensiones autofinanciadas el 2018, se deberá ocupar para ello gran parte del 0,83% del aumento del primer año. Ello sería un presagio de un final de la historia mucho más discrecional y estatizada de lo que hoy se promete.

Los parlamentarios que deseen estudiar con más calma cambios tan profundos como los propuestos deberán tener la entereza de no ser extorsionados con la oferta de un aumento del 20% de algunas pensiones como carnada en un año electoral. Probablemente lo correcto es devolverle el problema de la premura al gobierno quien, si quiere aumentar las pensiones en lo inmediato, lo haga contra recursos generales moderando el avance de la gratuidad a los sectores menos necesitados.

Finalmente, el intento de mantener viva la reforma constitucional se enmarca en el deseo de tener la oportunidad de dar un golpe más integral para consolidar la visión ideológica de la autoridad. Bolivia, Venezuela y Ecuador lo hicieron y Argentina lo intentó. Es curioso que uno de los argumentos esgrimidos para la Convención Constituyente propuesta sea que el país ya lo hizo en 1833. Lo que no dicen es que ello fue saliendo de una guerra civil. En forma más ordenada, el Chile actual ha evolucionado de su colapso institucional de los 70 a través de múltiples modificaciones a su Carta Fundamental, y nada le impide seguir haciéndolo. Pretender revivir el espíritu propio de un país que sale de una guerra civil no beneficia para nada a la mayoría que anhela avanzar.

Seguir la evolución de los dichos de la Presidenta es muy ilustrativo, pero el mapa que se configura es desalentador. Es el camino que llevó a otros países directo al fracaso. Con lo recorrido hasta la fecha ya estamos pagando un precio elevado. Dependerá de los chilenos reaccionar a tiempo y cambiar el rumbo.