Cuando, cinco años atrás, la tesis del Gran Malestar y el consiguiente cambio de ciclo se enseñorearon del debate público nacional, muchos proclamaron llegada la hora de "los políticos" y el repliegue de "los técnicos" al mero diseño de fórmulas para ejecutar el mandato ciudadano, interpretado -desde luego- por los primeros. La Nueva Mayoría y su malhadado programa de reformas no fue sino un intento de hacer carne esa nueva visión, abjurando de la desviación tecnocrática que habría aquejado a la Concertación. Hoy es evidente el perjuicio económico, político y social que ese enfoque nos ha causado.

Desgraciadamente, la reforma previsional esbozada por el Gobierno tropieza en la misma piedra. Así como antes ocurriera con la gratuidad educacional, el tema no formaba parte de la agenda, pero irrumpió gracias a una bien montada campaña de opinión pública. La Presidenta anunció en agosto pasado su intención de construir un acuerdo transversal, lo que no prosperó. Ahora el Gobierno ha retrucado dibujando una propuesta -de trazos aún muy gruesos- que buscaría acomodar el voraz apetito político e ideológico de la coalición gubernamental. Aunque la fórmula preserva -y no reemplaza- el sistema de AFP, es notoriamente deficiente.

Plantea subir desde 10% a 15% las cotizaciones previsionales, "con cargo al empleador". Naturalmente, un impuesto al empleo será casi exclusivamente pagado por los trabajadores a través de menores reajustes salariales u oportunidades de empleo. El único modo de evitarlo es que los trabajadores sientan que con ese aporte "compran" una vejez más digna. Es improbable que la propuesta del Gobierno lo consiga: las tres quintas partes de la cotización extra irían a una suerte de AFP estatal, de afiliación obligatoria y sujeta a regulaciones ad hoc , mientras que los restantes dos quintos irían a un fondo común o de reparto. Dipreca está demasiado cerca como para pasar por alto el riesgo de "jubilazos" para los bien conectados u otras tentaciones. No veo cómo pueda un trabajador ver la exacción del 5% de su sueldo imponible de otro modo que como un impuesto.

Se ha informado que, por ahora, el destino prioritario de dicho fondo común sería subsidiar (con un tope) las pensiones que hoy pagan las AFP, esto es, las de quienes protestan, y excluiría las pensiones solidarias, que son las que reciben los más pobres. El rédito electoral de la propuesta puede ser alto -habrá allí votos-, pero no se atiene a ningún criterio conocido de equidad redistributiva. Esta suerte de "pilar solidario" del sistema previsional no sería ni eficiente ni justo.

Las cotizaciones previsionales -sean estas del 10% o el 15%- deben ser administradas por instituciones privadas, bien reguladas, competitivas y con libre elección, tales como las AFP u otras. El reforzamiento de las pensiones más bajas debe correr por cuenta del "pilar solidario" financiado por el Estado, debidamente engrosado y "aggiornado". Ojalá el debate parlamentario se encamine en esa dirección.