La derecha se ve muy a gusto con la Constitución de 1980. Por conveniencias electorales puede declarar a veces que ya no se siente tan a gusto con el padre de esa Constitución, pero eso no le impide mantener una fidelidad incondicional a ella y continuar haciendo política con ventaja.

La derecha está muy a gusto con la Constitución del 80 desde el mismo día en que concurrió a aprobarla, y siguió estándolo en 1988, cuando votó en masa por la continuación de Pinochet en La Moneda por 8 años adicionales a los 15 que llevaba ya en el poder. Continuó sintiéndose a gusto con ella a partir de 1990, y si bien no pudo elegir un Presidente del sector sino hasta 2010, sin llegar nunca a tener mayoría en el Congreso, lo cierto es que el texto constitucional le permitía bloquear cualquier cambio constitucional que no contara con su visto bueno, bastándole para ello 1/3 más uno de los senadores y diputados en ejercicio, una meta mínima que el sistema binominal le aseguró siempre largamente.

Fue de esa manera que la derecha dilató hasta 2005 la eliminación de los senadores designados y vitalicios, y no porque ese año cayera en cuenta de que se trataba de una institución antidemocrática -siempre lo supo-, sino porque empezó a jugarle en contra desde el momento en que un ex Presidente del sector opuesto -Frei- se había ya incorporado al Senado y que muy pronto podría hacerlo un segundo (Lagos). Se aseguró también la derecha en su Constitución que las leyes orgánicas constitucionales, que regulan importantes materias, necesitaran de un alto quórum supramayoritario para su reforma. Casi todas esas leyes fueron dictadas en el último tiempo del gobierno militar (con votación unánime de los entonces 4 legisladores uniformados que tenía el país), y el mejor ejemplo lo constituyó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, mandada publicar por Pinochet el 10 de marzo de 1990, justo un día antes de que Aylwin y un nuevo Congreso Nacional asumieran sus funciones. En otras palabras, todo fríamente calculado.

¿Por qué recordar todo esto? Para entender mejor el trance en que nos hallamos en momentos en que el Gobierno ha propuesto un proyecto de reforma constitucional destinado a elegir una Convención Constitucional. Un proyecto que para su aprobación necesitará 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio y que, al no ser del gusto de la derecha, tiene mal pronóstico en cuanto a su paso por el Congreso. Con el pretexto de que una Convención como esa no le gusta, la derecha ocultará lo que realmente le disgusta y que no está dispuesta a conceder en caso alguno: la idea de una nueva Constitución.

Para sincerar de una vez las cosas, habría sido mejor enviar al Congreso un proyecto que, simplemente, modificara el actual quórum de reforma de la Constitución. Ese quórum será siempre más alto que el requerido para aprobar leyes ordinarias, pero ¿tan alto como el actual de 2/3? Nadie diría que la sociedad chilena era más madura hace 90 años, pero la Constitución de 1925 autorizaba su reforma por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio y una ratificación posterior por el Congreso en pleno. Por cierto que una modificación del actual quórum sería rechazada por la derecha (tiene ella en el Congreso bastante más que 1/3 de los votos), pero la iniciativa serviría para poner las cosas en su lugar. Si el 80% del país está de acuerdo con tener una nueva Constitución, que sean los que se oponen a ella quienes tengan que enfrentar a esa mayoría, sin ocultarse detrás de argumentos técnicos acerca del inconveniente de tener o no la Convención propuesta por el Gobierno.

Aun sin ninguna esperanza de que la pase, la prueba de fuego para la derecha sería obligarla a pronunciarse sobre el quórum de 2/3 y la conveniencia de rebajarlo en una proporción razonable. Obligarla a pronunciarse en vísperas de elecciones, puesto que no hay mejor momento para que en un país se debatan asuntos importantes. Obligarla a reconocer que sigue estando de acuerdo con Pinochet en que un tercio de nuestros congresistas pueda vetar a dos tercios de ellos. Obligarla a que declare que sigue queriendo jugar con la ventaja que le dio la Constitución de una dictadura.