Que Alejandro Toledo cumpla los 18 meses de prisión preventiva por supuesto delito de tráfico de influencias y lavado de activos está por verse, pero, desde ya, la decisión del juez no solo abre un complicado panorama para el acusado, sino también para el ambiente político del Perú. Eso, porque debe recordarse que el actual Presidente Pedro Pablo Kuczynski fue ministro en el gabinete de Toledo, y los opositores están alertas a cualquier vinculación para hacerle difícil la tarea y enturbiar su gobierno.

Lo grave es que Toledo no solo está en la mira de la justicia por este caso específico -una coima de US$ 20 millones que le habría pagado la constructora brasileña Odebrecht para ganar la licitación de una ruta interoceánica-, sino también por otras investigaciones que datan de 2013, relacionadas con la adquisición de propiedades por parte de su suegra, Eva Fernenbug. Si bien antes de que termine el proceso todo acusado merece el beneficio de la duda, es difícil creer que Toledo sea inocente.

En un comienzo, el ex Presidente dijo que esas compras se hicieron con dinero de indemnizaciones que recibiera la madre de Eliane Karp por ser víctima del Holocausto. Más tarde, el propio Toledo cambió la versión, y se ha sabido que ella fue quien estuvo detrás de la empresa creada en Costa Rica por su madre, usada para transferir fondos de donantes cercanos a Eliane, una mujer de armas tomar.

Ha informado la prensa peruana que ella mandó un mensaje a PPK por Facebook, en el que dice "no me hagas hablar, because I know what you did last time". ¿Una amenaza real o solo un bluff para despistar a la prensa y la opinión pública? Un juego peligroso. Eliane está procesada también en el caso Ecoteva, el de las propiedades de su madre, y por supuestas coimas pagadas por otra constructora brasileña.

Ambas investigaciones siguen carriles separados, pero es probable que se sumen, y en ese caso, Eliane estaría incluida también en la de Odebrecht, puesto que se sabe que los operadores de Toledo son amigos de ella. Se trata del empresario israelí Josef Maiman y del jefe de seguridad de Toledo, Avi Dan On, quienes serían los intermediarios en los tratos con las constructoras, y el primero, además, es el titular de las empresas supuestamente utilizadas para recibir los sobornos.

Hay quienes en Perú se lamentan de que la democracia haya estado en manos de "incompetentes corruptos a sueldo del gobierno brasileño". Eso parece exagerado; no todos quienes han estado en el gobierno los últimos años están acusados de delitos tan graves. Yo, en cambio, creo que Perú está lejos de la crisis política de Brasil, y que no es un país "bananero". Veo (o quiero ver) a la justicia peruana hacer su trabajo y al gobierno de PPK, despejar el camino para que esto no vuelva a ocurrir.

El caso de Toledo será emblemático para los políticos latinoamericanos acusados de recibir sobornos de las empresas brasileñas, las mismas que para los gobiernos del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva eran la punta de lanza de su política exterior y de su instalación como potencia regional. Y, con diferencias, es otro caso de los muchos que tienen a políticos de los más variados países, incluidos europeos, respondiendo a cargos por corrupción o financiamiento ilegal de campañas.