En la preparación de las políticas públicas es importante partir con un buen diagnóstico del problema, para luego analizar las distintas opciones de políticas y, finalmente, implementar la que se considera más adecuada para el problema específico.

En el último tiempo, se ha discutido la necesidad de una ley de inmigración moderna, que permita hacernos cargo de la nueva realidad migratoria que enfrenta el país. Para avanzar en este propósito habría que partir por entender cuáles son los distintos factores que explican la inmigración, y después analizar y proponer reformas de políticas beneficiosas para el país y los inmigrantes.

Las fuerzas detrás de la migración

Para entender el fenómeno, es importante separar entre inmigrantes con alta calificación e inmigrantes semi-calificados. Los inmigrantes más calificados son más complementarios que sustitutos del capital humano nacional. Ellos traen conocimientos, lo que contribuye a estimular la innovación y la productividad de sus colegas nacionales y del país.

Además, en ocasiones llenan vacíos en profesiones específicas (por ejemplo, los médicos en hospitales públicos), aumentan la oferta de trabajadores calificados (contribuyendo a reducir la brecha entre los ingresos del trabajo calificado y el semi-calificado) y trabajan, por lo general, en el sector formal, contribuyendo desde el comienzo al financiamiento del Estado y de los bienes públicos que demandan. En general, las políticas de inmigración buscan favorecer la entrada de los trabajadores más calificados, lo que, por cierto, facilita legislar en esta materia, porque este tipo de inmigración genera escasa resistencia.

En contraste, como es habitual, el debate de políticas migratorias en el mundo se enfoca en el tratamiento de los inmigrantes semi-calificados. En esto, Chile no es la excepción. Los flujos de inmigrantes semi-calificados surgen de lo que Pritchett (2006) denomina las fuerzas irresistibles que los llevan a buscar oportunidades. Primero, las diferencias pronunciadas de salarios reales, para un mismo tipo de trabajo, entre los países de destino y de origen de las migraciones -que surgen por diferencias sostenidas en tasas de crecimiento de la productividad y del producto per cápita-, terminan siendo un gran atractivo para la inmigración.

Segundo, las diferencias demográficas futuras entre países que están envejeciendo -como consecuencia de una combinación del aumento en la expectativa de vida (la de Chile supera a la de Estados Unidos y al promedio de la OCDE) y una caída pronunciada en la tasa de fecundidad- y países con poblaciones jóvenes crean oportunidades para que migrantes, principalmente jóvenes, puedan moverse a los países cuya población envejece rápidamente, lo que permite llenar vacíos en la fuerza laboral.

Tercero, el aumento en la demanda de empleo de menor calificación en sectores no transables orientados a servicios personales (seguridad, servicios domésticos, de aseo, de cuidado de adultos mayores, salud, cajeros, trabajadores en tiendas de comida rápida, vendedores en centros de compras, etc.) en países más desarrollados abre oportunidades laborales para los emigrantes de países con menor ingreso per cápita.

Dadas estas potentes fuerzas para la emigración de trabajadores con menos calificación de países menos desarrollados, los países más avanzados restringen su ingreso, usualmente con la excusa de proteger a los trabajadores locales, de la misma manera que se argumenta al momento de poner restricciones al comercio internacional, y otras veces por problemas de economía política, por la resistencia de grupos internos que se ven amenazados.

Una mejor opción es que los países más desarrollados, como Chile en el contexto latinoamericano, enfoquen su política pública en cómo administrar mejor estos flujos migratorios, para que vayan en beneficio del país y de los inmigrantes.

Inmigración en Chile

La experiencia chilena reciente se asemeja, a escala, a lo sucedido en países desarrollados en el pasado. El alto crecimiento de los últimos 30 años generó un gran salto en nuestro PIB per cápita -el que ya supera los US$ 24.000 en Paridad de Poder de Compra- y que, dado el bajo crecimiento de los países de la región, se sitúa por encima de todos ellos en este aspecto.

El mayor crecimiento también ha llevado a una mejora sustancial en los indicadores de calidad de vida de la población (mortalidad de los infantes e infantil, acceso a electricidad, agua potable, alcantarillado e internet, tratamiento de aguas servidas y reducción de la pobreza).

En consecuencia, Chile se ha transformado en un país atractivo para potenciales emigrantes de países con niveles de PIB per cápita y de bienestar menores a los nuestros y donde las expectativas de progreso son más reducidas. No hay dobles lecturas, con estas diferencias en calidad de vida, nuestro país continuará siendo un polo de atracción para los habitantes de la región, y va a seguir siendo así mientras el estándar de vida en Chile sea superior al que los migrantes pueden aspirar en sus países de origen.

En Chile, la llegada de trabajadores de menor calificación ha generado resistencia, y se argumenta que estos afectan los salarios de los trabajadores nacionales con baja calificación, aumentan la desigualdad y la delincuencia.

Respecto de sus efectos en salarios y la distribución del ingreso, numerosos estudios en países avanzados y de ingreso medio muestran que los efectos en salarios de los trabajadores del país receptor no son claros e incluso si fueran negativos, serían moderados (entre el 1 y el 2% del salario) y se manifestarían en un lapso cercano a dos décadas.

Por sus efectos moderados, es posible también que la contribución a la desigualdad sea muy menor, incluso en casos de procesos migratorios con flujos de gran magnitud. En cambio, sí tienen un efecto negativo en el salario de los inmigrantes que ya están presentes en el país receptor.

Además, a lo largo del tiempo, a medida que el mercado laboral se ajusta a la llegada de los inmigrantes, los efectos negativos en los salarios de los trabajadores con baja calificación tienden a desaparecer (Card, 2009; Ottaviano y Peri, 2012). Aunque hay cierta controversia metodológica, el orden de magnitud de los efectos no se altera mayormente (Borjas, 2014; Card y Peri, 2016; Dustmann y otros, 2016). Estos efectos se han obtenido en países donde los inmigrantes son una parte significativa de la fuerza laboral. Esto último no es el caso en Chile, donde se estima que los inmigrantes son solo un 2,1% de los ocupados y sus empleos se concentran principalmente en servicios domésticos puertas adentro (21,5% de los ocupados) y puertas afuera (5,2% de los ocupados).

En este tipo de empleo, los inmigrantes suplen una falta de oferta de trabajadores nacionales. De hecho, los salarios reales de estos empleos son los que han subido a la tasa más elevada en los últimos seis años (Bravo, 2017).

El ajuste del mercado laboral a los flujos migratorios se facilita con políticas activas orientadas a mejorar la adaptabilidad, la flexibilidad en horas trabajadas y los aumentos de productividad, y con políticas que faciliten a los inmigrantes el uso de sus calificaciones y educación en el mercado laboral.

Un problema distinto es que la mediana de ingresos de los trabajadores chilenos es todavía baja, comparada con países avanzados y con lo que aspira la clase media chilena. Pero eso no está relacionado con la migración, más bien es un problema asociado a la baja productividad del trabajo y a la sub-inversión en capacitación.

Con respecto a sus efectos en la delincuencia, los datos indican que la tasa de delincuencia de los inmigrantes es sustancialmente más baja que la de los nacionales, y que los inmigrantes, más que ser una causa de esta, tienden a ser víctimas de personas que se aprovechan de las deficiencias del control migratorio de nuestro país y de las esperanzas de los forasteros por un futuro mejor.

En todo caso, lo que cabe en este caso es administrar estas inmigraciones de manera de proteger al inmigrante, para evitar que quede en la informalidad -facilitándole su incorporación a la economía formal para que, con su trabajo y su pago de impuestos correspondiente, contribuya a pagar por los bienes públicos que requiera- y que quede expuesto a abusos y a actividades ilícitas.

Esto último requiere levantar restricciones que limitan la contratación de trabajadores extranjeros en actividades intensivas en trabajadores semi-calificados y, también, establecer reglas claras de acceso al sistema de salud y de pensiones.

Por otro lado, facilitar la incorporación de inmigrantes con altos niveles de capital humano en el mercado del trabajo y la sociedad chilena es aún más importante. En esto último se requiere avanzar en implementar un proceso más expedito para acceder a certificaciones de estudios y habilidades, facilitar visas que permitan acceder a empleos calificados, y avanzar en la portabilidad de las pensiones, como ya ha sido planteado en algunos trabajos (Silva, Palacios y Tessada, 2015).

Con todo, dadas las diferencias en salarios y bienestar, Chile necesita administrar la inmigración adecuadamente, por medio de distintos tipos de visas y de políticas que fomenten la formalización y que regulen su flujo, de modo tal que, tanto nuestro país como los inmigrantes, se beneficien mutuamente.