No se conocía algo parecido a las proyecciones políticas en Sudamérica de la corrupta alianza entre funcionarios públicos y dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil con las grandes empresas públicas y privadas brasileñas.

Se trata de desviaciones superiores a los dos mil quinientos millones de dólares, con cientos de involucrados, sindicalistas, parlamentarios y altos ejecutivos brasileños.

Las revelaciones originales eran locales, implicaban mayormente al PT, controlador de los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, y a la principal empresa de Brasil, la estatal Petrobras. Las acusaciones se han extendido a las mayores empresas constructoras y a dirigentes de otros partidos de ese país, para trascender las fronteras de Brasil, alcanzando a altos funcionarios y ex mandatarios latinoamericanos.

Las repercusiones van desde México hasta Tierra del Fuego. En Chile, se menciona a la constructora brasileña OAS, adjudicataria del puente del Chacao, y a dos campañas presidenciales que rechazan la vinculación, la de la Presidenta Bachelet y la de Marco Enríquez-Ominami. Chávez y Maduro fueron los mayores beneficiarios de los contratos cuestionados. Perú y Argentina también fueron afectados durante las presidencias de los Kirchner, Toledo, Alan García y Humala.

Las denuncias comprometen a reconocidos proveedores extranjeros que pretenden exculparse manifestando que en Brasil no se podía hacer negocios sin pagos políticos.

Es la consecuencia de un sistema del Estado dominador de la actividad económica. Allí el partido, la burocracia y la alianza oficialista política, sindical y empresarial controlan todo, hasta la diplomacia.

Bajo la simple fórmula de inflar los contratos de construcción y de suministro, se lograba un margen de ganancias para pagar comisiones grandes al PT y sus aliados. Algo quedaba para los opositores y para financiamientos internacionales.

El interés compartido de Lula, el PT y de las grandes compañías brasileñas por expandir su influencia y negocios llevó a financiar de manera encubierta y dolosa campañas políticas en la región. Los sobrecostos permitían exportar como consultores a los encargados de las campañas del PT, facilitar aviones privados para transportar a los candidatos y cubrir gastos de campaña de partidos extranjeros afines.

Las investigaciones llevan casi cuatro años en Brasil y recién comienzan en el resto de Sudamérica. Aunque se cuenta con delaciones y otras pruebas, las condenas podrían tardar un par de años. Los jueces de Brasil encontraron la punta de la hebra de la madeja que tiene en suspenso a muchos políticos latinoamericanos.

La principal víctima es el PT: ha quedado destruido el principal partido de izquierda de América Latina, con importantes lazos con dirigentes en Chile y en toda la región.

Sospechoso es el silencio de la OEA, Mercosur, Unasur, Cepal y otros organismos regionales sobre estos acontecimientos que han alterado la democracia y el desarrollo de América Latina.