En días pasados se hicieron públicos el Informe Final del Consejo Ciudadano de Observadores sobre el proceso constitucional, y el reporte del Comité encargado de sistematizar las propuestas que brotaron del mismo.
Lo que vimos, señala el primero, fue a "chilenos conversando en paz", en "un diálogo cívico, amistoso, por lo general sin descalificaciones, donde individuos de distintas generaciones ponían en común eso que les resultaba más relevante a la hora de imaginar las bases de nuestro futuro entendimiento colectivo". El Informe no elude los defectos y limitaciones del proceso, ni las tensiones con el Gobierno, pero concluye que este "no fue manipulado", que "no hubo irregularidades ni trampas", y que "satisfizo suficientemente las exigencias de transparencia, participación, inclusión y ausencia de sesgo político" que la Presidenta de la República les "pidió observar y custodiar". Es un tapaboca a quienes se empeñaron con ahínco en sembrar la sospecha sobre el valor cívico y la ecuanimidad de este proceso.
El reporte de los sistematizadores, a su vez, rompe con otro mito: el que los chilenos seguiríamos envueltos en una suerte de guerra civil entre los polos autoritarismo-democracia, Estado-mercado, derechos-oportunidades. Los temas que más capturan el interés de la ciudadanía son otros: el control sobre los representantes, la democracia participativa, la protección de los recursos naturales, los derechos de la infancia y la vejez, entre otros; lo cual invita a fabricar una Constitución pensando en las encrucijadas del siglo 21, no en las del 20.
Hace poco más de un mes fui invitado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá a una conferencia en la Universidad de Ottawa que tenía por título "La confección participativa de una nueva Constitución. La experiencia chilena", lo que me permitió apreciar qué aspectos de este proceso llaman más la atención a los constitucionalistas extranjeros ahí presentes. ¿Doscientas mil personas? Entre nosotros el número de participantes ha parecido escaso, pero a ellos les resulta elevado. ¿Consejo de Observadores? En nuestro medio se lo ha criticado por su estatuto y representatividad, pero a juicio de ellos fue una invención genial, aunque les sorprende la escasa presencia de mujeres y jóvenes. ¿Procesamiento de las opiniones? Entre nosotros sigue la discusión sobre su fiabilidad y ecuanimidad, pero a ellos el dispositivo les pareció extremadamente novedoso y sofisticado. ¿Propósito? Los impulsores de una revisión constitucional han aludido a cerrar las heridas del pasado y a dotar de más legitimidad al sistema político, pero a juicio de los expertos estos no son motivos suficientes para justificar este tipo de procesos, por lo que no les llamó la atención que este derivara hacia otros temas, lo cual es evaluado positivamente: como señaló uno de ellos, "un buen proceso de participación es aquel que se emancipa del guion de sus instigadores".
"¿Saben ustedes cuántas nuevas constituciones se están discutiendo actualmente en el mundo?", nos preguntó un académico británico. No teníamos idea. "Veintitrés. Pero solo cinco tienen posibilidades de éxito. ¿Saben por qué? Por el exceso de expectativas y de dramatismo. Tomamos los cambios constitucionales como un asunto extraordinario, cuando no lo son. Thomas Jefferson sostenía que lo lógico era que se redefiniera la Constitución cada 19 años, lapso en que él estimaba se producía la transición entre una generación y otra, volviendo necesario concordar un nuevo pacto de convivencia".
He ahí el gran mérito de los informes que acaban de hacerse públicos: han vuelto menos dramática y amenazante, y a la vez más modesta, la confección de la Constitución.