Los paraísos fiscales son conocidos por sus bajas tasas impositivas. Empresas como Apple, General Electric y Google han movido sus utilidades -no sus operaciones- a lugares como Bermudas y Luxemburgo. Estos movimientos suelen cumplir con la letra de la ley; no se trata así de evasión tributaria, sino más bien de elusión.

El atractivo de estos paraísos no está solo en lo tributario; también en que ofrecen un manto de opacidad que permite proteger las inversiones personales de la mirada de terceros. En pocas palabras, ofrecen humo y secreto.

En estos territorios, firmas de abogados y administradoras de fondos facilitan la creación de "sociedades cascarón" ( shellcompanies , en inglés) que se usan como vehículos de inversión, pero que no poseen activos físicos ni emplean trabajadores, y que tampoco generan producción.

Quienes entregan el servicio de creación de estas compañías en paraísos fiscales también ofrecen humo: un velo protector que hace difícil determinar quién es el verdadero dueño.

Para ello, nombran a directores fantasmas ("directores nominados"), quienes aparecen como representantes oficiales, y a "accionistas nominados" que son dueños virtuales -no reales- de la sociedad a través de fideicomisos. Y crean firmas detrás de firmas para hacer más difícil despejar el humo protector.

Al mismo tiempo, quienes proveen estos servicios garantizan el secreto de los bienes, las transferencias de dinero y, por cierto, la identidad de los dueños. Muchas veces ni siquiera indagan sobre el origen de los capitales o realizan auditorías.

El problema de estas estructuras es que suelen estar en un área gris: pueden ser perfectamente legales, pero no necesariamente legítimas, pues resultan particularmente útiles para quien quisiera permanecer escondido de sus obligaciones en los estados donde debiesen quedar cubiertos por la ley.

Por cierto son útiles para quienes trafican armas, drogas o personas, y para quienes reciben pagos ilegales. Pero también para quienes buscan esconder su riqueza de una ex pareja, hijos y, por supuesto, de la administración tributaria de su país de origen. En general, sirven a quien quiera encubrir su identidad e intenciones.

Los paraísos fiscales, con sus impuestos bajos y oferta de humo y secreto, han dado pie a un problema global de elusión tributaria. Erosionan las arcas fiscales y la progresividad de los impuestos al permitir que los súper ricos paguen proporcionalmente menos que quienes no tienen la posibilidad de crear estructuras complejas que evitan el escrutinio público.

También erosionan la confianza ciudadana cuando son las propias autoridades quienes utilizan estos mecanismos. Por ejemplo, David Cameron, entonces Primer Ministro británico, tuvo que publicar su declaración de impuestos una vez que se conoció, en el marco del escándalo de los Panama Papers, que se había beneficiado de las inversiones de su padre en paraísos fiscales.

En el mismo contexto, el Primer Ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, dimitió luego de que se supiera que había sido dueño de una compañía cascarón en las Islas Vírgenes Británicas.

En ninguno de estos dos casos se ha probado que hubo ganancias ilegales. Pero la ciudadanía crecientemente ha dejado de aceptar que sus líderes se muevan por áreas grises y menos aún que generen perjuicios fiscales a sus propios países al evitar cumplir sus obligaciones tributarias con sus conciudadanos.

El Presidente Obama lo explicó claramente hace poco: "Cuando vemos personas, las élites globales, corporaciones de gran riqueza, aparentemente viviendo bajo un conjunto distinto de reglas, eludiendo impuestos, manipulando vacíos legales... se alimenta una profunda sensación de injusticia".

El G20 y la OCDE han empujado a los paraísos a volverse más transparentes. Los avances son aún insuficientes. Sin registros de quiénes son los verdaderos dueños de estas sociedades y sin un intercambio real de información, seguirá siendo fácil mover riqueza hacia los territorios de trato más favorable.

Por ejemplo, la OCDE ha elevado el estatus de transparencia de lugares como las Islas Vírgenes Británicas porque han aceptado entregar información a petición de los reguladores de otros países. Pero solo se puede pedir datos sobre individuos específicos si además la información es "previsiblemente relevante". Es decir, la autoridad debe ya conocer de irregularidades cometidas por ellos. No es de extrañar que prácticamente no haya habido pedidos de información bajo estas cláusulas.

Pero las cosas pueden cambiar: una larga lista de países se ha comprometido a realizar intercambios automáticos de información a partir de los años 2017 y 2018, incluyendo a Chile. Será entonces interesante observar cómo reaccionan quienes usan estos paraísos para obtener ventajas y también cuánta riqueza escondida aparece a la luz pública.