Hay de pronto en la Nueva Mayoría un súbito interés por el entorno familiar del ex Presidente Sebastián Piñera. A partir de sus declaraciones en Radio Cooperativa, en que señaló que veía a su familia menos entusiasta con la posibilidad de que postulara en las próximas elecciones presidenciales, el tema es cada vez más recurrente.

Quienes tenemos más años de circo en esto de observar la política no estamos conmovidos por la preocupación de la izquierda por la familia del ex Presidente. Más bien debemos estar alertas.

Las conversaciones de pasillo se repiten entre personeros que ven en esta posibilidad - que Piñera no postule en las próximas elecciones- la última opción que tienen de no perder el poder que les entrega el manejo del aparato del Estado.

Es mucha la gente de ese sector que vive del Estado de manera excluyente, por lo cual la perspectiva de perder las elecciones presidenciales es para ellos terrible. Enfrentados a tener que buscar trabajos fuera del Estado, muy probablemente varios no ganarían ni la mitad de los generosos sueldos que obtienen en la Administración Pública.

Por eso algunos de ellos pueden estar dispuestos a todo para no llegar a esa situación.

Durante el gobierno de Michelle Bachelet, el aparato del Estado ha sido utilizado para intervenir en la política chilena de una manera no vista antes.

A raíz del financiamiento de campañas políticas hemos sido testigos de cómo se utilizaron instituciones del Estado para descabezar a un partido político, la UDI, sin que otros políticos ligados a la Nueva Mayoría hayan tenido un tratamiento equivalente. Como lo han reconocido un ex director y un ex subdirector de Impuestos Internos durante la gestión de Bachelet, desde el gobierno, en particular desde el Ministerio del Interior y del Ministerio de Hacienda, se interfirió con la labor del servicio para obtener determinados tratamientos distintos a los que se aplicaron a inculpados pertenecientes a la UDI. Los favorecidos fueron políticos de la Nueva Mayoría.

En el Ministerio Público, por su parte, las continuas filtraciones a la prensa de información reservada desde las fiscalías contribuyeron a un virtual juicio público de los inculpados de la UDI. La celeridad de los procesos que persiguen responsabilidades de Jovino Novoa, de Pablo Longueira, de Jaime Orpis, ha sido máxima, al punto de que ya tenemos a un condenado por emisión de boletas ideológicamente falsas por una cantidad cercana a los quince millones de pesos, en circunstancias de que boletas por montos mayores emitidas por altas autoridades del gobierno de Michelle Bachelet para financiar su precampaña presidencial permanecen sin sanción. Sabemos también que en el caso de otro ex ministro de Bachelet, el Ministerio Público olvidó, por más de un año, investigar un eventual cohecho por recibir honorarios de una empresa minera mientras integraba la respectiva comisión de la Cámara de Diputados. Ninguna relación con el entusiasmo con que se persiguen eventuales casos de cohecho de parlamentarios de la UDI.

La utilización del aparato del Estado para perseguir a los adversarios políticos es una cuestión muy grave.

Por eso debemos estar alertas en el caso de una querella presentada por el diputado Hugo Gutiérrez por eventuales delitos cometidos en una transacción de la empresa Bancorp, ligada a Sebastián Piñera. La solicitud de correos privados entre un hijo del ex Presidente y un gerente de esa empresa supone que el fiscal a cargo de la causa no considera intrusiva esa petición. La filtración de antecedentes es una infracción grave. Si en el pasado reciente, procesos judiciales han interferido indebidamente en la política, debemos cuidar que ello no ocurra en este caso.

Bajar a un candidato a la Presidencia por esa vía serían ya palabras mayores.

Sebastián Piñera, como todos, tiene virtudes y defectos, pero sabemos que entre los últimos no está la cobardía.

Por ello, el interés por la actitud de su familia ante una candidatura revela que allí se han cifrado las esperanzas de la izquierda para evitar una derrota segura ante el ex Presidente.