No hay foro, seminario, debate en la radio, diario o televisión, donde recurrentemente esté esta interrogante. Por otra parte, la derecha en los últimos meses, si no años, tanto en su versión política como económica, emplazan permanentemente al Gobierno sobre el hipotético cambio de rumbo. Lo mismo ocurre con sectores de la Nueva Mayoría, que plegándose a la derecha, efectúan la misma interrogante. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál sería el rumbo a cambiar? Para responder lo anterior es imprescindible determinar los rumbos que ha tenido la sociedad chilena en los últimos 26 años después del término de la dictadura cívico-militar de derecha encabezada por Pinochet.

A partir de 1990, con el inicio de la recuperación democrática y el triunfo de la Concertación, Chile inició un largo camino en distintos aspectos que tuvo una gran continuidad hasta el 2014. Los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y Piñera -con los matices y diferenciaciones inherentes a cada gestión gubernamental- mantuvieron en lo grueso el rumbo del perfeccionamiento de la democracia, verdad y justicia en derechos humanos, creciente inserción internacional de Chile en lo político y económico, focalización del gasto social para superar la pobreza, grandes reformas en la modernización del Estado, importantes políticas en materia de libertades, como el fin de la censura, la ley de divorcio, como el acuerdo de unión civil, etc. Ese rumbo tuvo simultáneamente notables resultados y claras insuficiencias.

En cuanto a resultados, las sucesivas reformas a la Constitución y, particularmente, las del 2005 del Presidente Lagos, y las del 2015, de la Presidenta Bachelet, nos acercaron, pero no llegamos a una plena Constitución democrática. La democratización de los gobiernos municipales, el 92; la creación de los gobiernos regionales, el 93; la eliminación de los senadores designados y el término de la inamovilidad de los comandantes en jefe, el 2005; y el fin del sistema electoral binominal, el 2015, marcaron ese camino. En materia de crecimiento económico, ese rumbo fue muy exitoso. Entre el 90 y el 2016 la economía se ha multiplicado en su crecimiento por cuatro; y utilizando un viejo indicador, pasamos de un per cápita de US$ 5 mil en el 90 a US$ 23 mil en el presente. De hecho, en los últimos 26 años la economía ha crecido en 24 de ellos, y solo en dos -1999 y 2009- cayó por efecto de la crisis internacional.

El otro gran éxito de ese rumbo fue la disminución de la pobreza y la indigencia. La dictadura cívico-militar de derecha le heredó a la naciente democracia de los 90 un 38,8% de la población bajo la línea de la pobreza. En estos 26 años esa cifra ha disminuido a menos del 10%. Sin embargo, todos estos procesos positivos no fueron acompañados de políticas tendientes a disminuir la desigualdad en todos los planos en los que se arraiga la sociedad chilena. El mejor ejemplo de lo anterior es que el coeficiente Gini -indicador universal aceptado para evaluar esta variable- si bien se ha movido en los últimos 26 años en términos positivos, seguimos siendo la sociedad más desigual del conjunto de países de la OCDE. Efectivamente, hemos pasado de un 0,57 de Gini a un 0,48 en 26 años. Es decir, salimos del promedio africano en materia de desigualdad; y hoy somos el vagón de cola de la OCDE.

A partir de todos los resultados anteriores es que el segundo gobierno de Bachelet y su programa decidieron enfrentar esta debilidad, y efectivamente, a partir de 2014, Chile -parcialmente- cambió el rumbo, y eso explica las reformas estructurales que se están llevando a cabo.

Para luchar contra la desigualdad prácticamente hay una receta universal, y tres son las políticas públicas acordes con ella que este gobierno ha decidido enfrentar. La primera fue la reforma tributaria, la reforma en este plano más importante desde 1990, no solo en términos de recaudación, sino en términos de mejorar la equidad tributaria; la segunda fue la reforma educacional a través de sus 5 proyectos de ley, que es la solución a largo plazo para enfrentar la desigualdad. Y la última fue la reforma laboral, que es un instrumento de corto plazo para crear relaciones de equidad entre el factor trabajo y el factor equidad.

Es decir, efectivamente, a partir del 2014 hubo un cambio del rumbo parcial, y las candidaturas presidenciales que se desplegarán durante el próximo año, en las más diversas coaliciones políticas, deben responderle a la ciudadanía cómo enfrentar este nuevo rumbo. Percibo en los liderazgos presidenciales de la Nueva Mayoría la voluntad de profundizar este nuevo rumbo. Mientras que, como es natural, la derecha pretende retrotraer el nuevo rumbo señalado. La ciudadanía tendrá que decidir cuál es el camino.