Hemos sido convocados a elecciones municipales, algo que es propio de una democracia, aunque esta no se agote en el acto de participar en las votaciones periódicas a que somete diversos cargos públicos. Todos pedimos y esperamos más de la democracia, aunque no por entender que ella no satisface aún ciertas demandas que le dirigimos vamos a dejar de participar en las elecciones. No es apropiado restarse al ejercicio de la democracia real (la que tenemos) en nombre de una democracia ideal (que desearíamos tener), y ese mismo ejercicio es una manera de continuar empujando aquella hacia esta. Suele decirse que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, aunque la verdad es que se resuelven con mejor democracia. Una mejor democracia que depende de la idoneidad de nuestros representantes.

Por tanto, si usted tiene un candidato a alcalde y a concejal de su gusto, vaya a votar. Salga pasado mañana de su casa y haga uso de un derecho que, bien visto, y aunque la ley no lo establezca hoy así, es también un deber. Un derecho y un deber que otorga e impone la ciudadanía, parecido a lo que ocurre con el derecho y el deber de tener un cierto número de años de escolaridad. Sí, no es común que un derecho sea a la vez un deber, pero lo mismo sucede con quienes están matriculados en la educación básica y media: tienen el derecho y también el deber de asistir a clases en el establecimiento que los recibió.

No obstante, vote si quiere es la orden del día desde que tenemos inscripción automática y voto voluntario. Los ciudadanos solo tienen derechos, no deberes, de manera que no se moleste en inscribirse y tampoco en ir a votar: ese fue el mensaje que envió nuestro Congreso Nacional cuando de manera precipitada y oportunista pasó del voto obligatorio a uno voluntario. Una decisión precipitada, sin deliberación suficiente, y también oportunista, por cuanto muchos parlamentarios que la aprobaron, no del todo convencidos, lo hicieron solo como expresión no confesada de su capitulación ante una demanda juvenil con la que querían congraciarse pensando en futuras elecciones. Un error que no pocos de ellos admiten hoy -como también hacemos algunos que por otras razones simpatizamos en su momento con el voto voluntario-, aunque no se atreven a presentar una iniciativa legal para corregirlo. Tampoco el Gobierno se atreve. Otra vez el temor a contrariar a la dominante cultura de los derechos, que será siempre bienvenida, mas no al costo de pulverizar la de los deberes. Dos culturas -si hace falta decirlo- que no se oponen y que nada más se complementan, sin que ninguna de las dos pretenda debilitar y menos acabar con la otra.

Si usted no tuviera candidato a alcalde ni a concejal de su gusto, vaya también a votar. ¿Para qué? Para que su voto en blanco pueda computarse como tal y ser interpretado de la única manera posible: no me gusta el menú, o sea, no me parece idóneo o confiable ninguno de los nombres que aparecen en la cédula, lo cual constituye un mensaje claro para los candidatos que compiten y para los partidos que los presentan. En cambio, la abstención puede ser interpretada de muchas maneras -comodidad (me quedo en cama), frivolidad (me voy a la playa), indiferencia (me da lo mismo), escepticismo (las cosas no van a mejorar), rechazo (ninguno de los candidatos da la talla) o indignación (que se vayan todos)-, tantas que su significado político se diluye.

Junto con ir a votar, incluso en el caso de no tener candidato y hacerlo en blanco, expresemos el deseo de que estas sean las últimas elecciones municipales que se realicen en el marco de una legislación sobre municipios que necesita urgentes reformas para evitar que alcaldes y concejales se momifiquen en sus cargos, para controlar mejor su desempeño, para impedir que durante meses antes de una elección tengan silla y micrófono comprados en radios y canales de televisión regionales, para moderar las excesivas atribuciones de los alcaldes, para profesionalizar la gestión de los municipios, y para eliminar la corrupción que a nivel de ellos se presume más alta que en cualquier otro ámbito público.