Chile necesita con urgencia elevar su crecimiento. Las reformas sociales han abierto expectativas y ahora no existe el financiamiento esperado. Además, la población está manifestando una creciente preocupación por el futuro de la economía y su capacidad de generar empleos de calidad. En la última encuesta CEP, 85% de las personas cree que la situación económica del país en los próximos 12 meses seguirá igual o empeorará. Así, entre los énfasis para la próxima administración, el crecimiento aparece como la primera prioridad. Por esta razón, conviene revisar las opciones reales para alcanzar este objetivo, que lamentablemente son pocas.

Lo primero que hay que hacer es descartar que el impulso que necesitamos venga del exterior. El crecimiento mundial se mantiene débil, las principales economías están excesivamente endeudadas y el comercio internacional crece mucho menos de lo que lo hacía antes de la crisis financiera de 2008. No hay señales de que esta situación cambie antes de fines de la década.

Se agrega que el espacio que tiene la política monetaria para estimular el crecimiento es muy reducido, aunque el Banco Central se incline hacia una reducción de la tasa de interés. La inversión es poco sensible en el actual nivel de las tasas y la demanda externa que se obtiene por una depreciación es igualmente exigua. El lento crecimiento de las exportaciones es un reflejo de esta realidad.

Otra fuente de dinamismo viene del mejoramiento de los fundamentos de la economía -control del déficit fiscal, nuevos acuerdos comerciales, competencia en los mercados y funcionamiento de las instituciones- que puede generar un entorno favorable a la inversión (y a la propiedad privada). Sin embargo, en el contexto actual esta es una condición necesaria pero no suficiente para el crecimiento. Cuando el escenario externo es favorable, se benefician más los países que tienen su economía ordenada, pero cuando es adverso no hay mayor diferencia.

En una perspectiva de mayor plazo, lo que corresponde es desarrollar nuevas actividades a través de una transformación productiva, que movilice recursos desde actividades de baja productividad a otras de mayor dinamismo. Hay señales de que procesos de este tipo están en marcha, pero sus efectos solo serán perceptibles en un horizonte largo.

En este escenario sombrío surge la necesidad de definir una estrategia que organice el crecimiento en torno a un plan de inversiones en activos públicos, que estimule la demanda, apoye la productividad, instale una perspectiva de mediano plazo en la sociedad, fortalezca la relación entre el Estado y los ciudadanos, y mejore la calidad de vida ofreciendo bienes comunes, disponibles para toda la sociedad, construidos y gestionados con altos estándares de calidad. Hay que aprovechar que el efecto multiplicador de la inversión en activos públicos es mayor cuando la economía y las cuentas públicas están ordenadas.

Hoy, un número importante de activos en manos del Estado no están siendo aprovechados. Proyectos locales como la recuperación de mercados municipales y el uso de espacios públicos con fines comerciales y turísticos deben ser incorporados a esta estrategia. Terrenos valiosos de Bienes Nacionales pueden ser concesionados a inversionistas privados. El programa Invierte Turismo (www.invierteturismo.cl) es un pequeño ejemplo de esta fórmula, que se debe multiplicar y aplicar a otros sectores, permitiendo poner en valor el patrimonio y los activos públicos.

Asimismo, numerosos proyectos de infraestructura física y de transporte están madurando en el marco del nuevo esfuerzo planteado por el MOP y pronto estarán en condiciones de encontrar inversionistas. Se requiere asegurar la calidad técnica de este trabajo y respaldarlo con una instancia público-privada, que permita continuidad en el proceso de evaluación y selección de estos proyectos. En este ejercicio deben estar incorporadas inversiones productivas de envergadura, como la carretera hídrica que proyectó Juan Sutil en Icare o los embalses de riego. Lo importante es trabajar para viabilizarlas con el criterio de maximizar su impacto en la economía. La pronta creación del Fondo de Infraestructura debe servir para este propósito.

Esta estrategia se construye sobre tres pilares. Primero, un pacto político por el crecimiento. El período de la abundancia estuvo marcado por la expectativa de diversos grupos sociales de captar una parte de las rentas del cobre mediante bonos exagerados, reajustes desmedidos y asignaciones sin fundamento. La última encuesta del CEP reflejó un cambio en el estado de ánimo de la población desde la redistribución al crecimiento, que la clase política debe recoger.

Segundo, para pasar del acuerdo político a la ejecución se necesita volver a una gobernabilidad abierta (columna del 9 de agosto pasado), capaz de ampliar las miradas de lo que es posible e involucrar a toda la sociedad en la solución de los problemas colectivos, incluyendo a la empresa privada. Seleccionar proyectos concretos, explorar nuevos modelos de negocio, establecer prioridades incorporando a la ciudadanía y atraer inversionistas, son las acciones que esta estrategia requiere y que comprende desde el nivel municipal al del gobierno central. Sin una gobernabilidad abierta esta estrategia deja de ser viable, especialmente para una administración que solo tiene cuatro años.

Tercero, se requiere trabajar en un diseño del financiamiento de esta estrategia, considerando las opciones disponibles. Fuentes adicionales de recursos son el Fondo de Infraestructura que actualmente se tramita en el Senado; el recientemente aprobado aporte de los inversionistas institucionales en proyectos de infraestructura y la necesidad de asignar temporalmente los recursos de la Ley Reservada del Cobre a este programa de inversiones en bienes públicos. En los ocho años del superciclo (2006-2013) esta ley entregó un financiamiento equivalente a 15 años de precio normal del cobre, por lo que se justifica una compensación transitoria para apoyar la inversión y el crecimiento del país. Estos recursos solo se deben destinar a gastos transitorios como la inversión en bienes públicos.

En síntesis, aprovechar los activos disponibles en el Estado e invertir en nuevos bienes públicos permitiría dar un nuevo impulso al crecimiento, al tiempo que fortalecería la confianza de la sociedad en el Estado y sus instituciones. Para avanzar en esta estrategia es indispensable un acuerdo político que privilegie el crecimiento, genere una gobernabilidad abierta que permita una eficiente ejecución y canalice nuevos recursos hacia este programa de inversiones.