El impacto del fin del sistema de capitalización sobre los chilenos sería grave y por eso hay que tomarse en serio la discusión que se ha instalado luego de las marchas convocadas bajo el eslogan No + AFP. La alta asistencia a las movilizaciones refleja que estamos ante un problema real: las pensiones son muy bajas para las expectativas de la gente.

Es positivo que la industria converse con el Gobierno y plantee sus propias soluciones, así como también que se consideren las opiniones expertas, varias de ellas reunidas en el informe de la comisión dirigida por el economista David Bravo y nombrada por la Presidenta Bachelet. De los 24 integrantes de dicha entidad, solo uno planteó transformar el sistema de pensiones chileno en uno de reparto. Los otros 23 se agruparon en dos propuestas que conservan el carácter mixto del sistema, con un componente solidario y uno contributivo en que la gente ahorra en cuentas individuales. La postura del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en esta discusión será clave, pues él debe resguardar dos cosas que podrían estar en peligro en esta reforma: los equilibrios macroeconómicos y la base de ahorro de la economía chilena. Un grave daño a ambos atributos solamente se evitará si buena parte del 5% adicional de cotización va a las cuentas individuales. Si no fuera así, el valor de las pensiones no aumentará y continuará la presión para que el Estado se haga cargo de la previsión bajo un sistema de reparto, lo que, dada la demografía de Chile, significa la quiebra financiera del Estado. Adicionalmente, el ahorro privado caerá.

Este enfoque pragmático, no obstante, no debiera inhibirnos de plantear algunas verdades y mentiras que subyacen tras el movimiento No + AFP. El Partido Comunista (los dirigentes del movimiento van de ahí a la izquierda) ha sido hábil en encausar el descontento de la gente, con un nombre genial para sus objetivos y cosechando toda la siembra que han hecho para que se pierda la confianza en Chile en los últimos años. Ello permite que algunas afirmaciones, como que las AFP le roban a la gente -pese a que han multiplicado por tres sus ahorros- tengan receptividad. Pero constatar esto no basta, hay que entender el fenómeno.

El que marcha en las manifestaciones, fuera de algunos activistas que ni siquiera cotizan en una AFP, es alguien que seguramente tiene poco ahorro en su cuenta y ve que su pensión será mala; o bien una persona más joven, que incluso marcha con sus niños, que conoce el problema desde otro punto de vista: su padre está jubilado y su pensión es muy baja. Consecuentemente, es él quien tiene que hacerse cargo de la manutención de su padre.

Marcha, entonces, para que sean otros los que se hagan cargo de mantener a sus padres y lo considera justo porque a él no le alcanza el dinero. Como voluntarios para financiarlo a él o a su padre no hay, la respuesta es que lo hará el Estado.

Pero el Estado, como bien sabemos, no produce riqueza; de manera que, en definitiva, quienes se harían cargo de estas pensiones serían otros chilenos, como él; pero que han sido más afortunados (han tenido mejores trabajos) y/o más previsores que él (han ahorrado más).

Claro, al manifestante le dirán que esto lo pagarán los ricos. Como se lo dijeron también con ocasión de la reforma tributaria.

Pero, como los ricos son muy pocos y no se quedan inermes mientras tratan de sacarles más plata, lo probable es que los recursos así recaudados sean escasos. Por eso, tuvieron que proponer cobrar un impuesto al trabajo de 5% para financiar la reforma. O sea, la pensión de los que tienen bajo ahorro la pagarán todos los chilenos que trabajan.

Si la reforma introduce un componente de reparto intergeneracional, la pensión del manifestante o la de su padre no la pagarán solamente todos los demás chilenos que trabajan, sino también en parte su hijo, que lo acompaña a marchar inocentemente tomado de su mano.

Estos dos últimos elementos: impuesto al trabajo y carga a las próximas generaciones, hacen que ya no sea tan clara la justicia de la demanda de nuestros manifestantes. ¿No cree usted?