En cadencia infalible se producen en EE.UU. matanzas caprichosas e indiscriminadas, generalmente llevadas a cabo por individuos solitarios o -en estos últimos años- por un par de ellos, dos hermanos y un joven matrimonio. En estos dos casos, el fundamentalismo islámico fue el motivo más llamativo, aunque la causa operativa puede ser otra. En todos ellos, a diferencia de Europa (con la excepción de Anders Behring Breivik en Noruega el 2014, con 76 muertos), donde se despliega un aparato terrorista suicida, existe un proceso personal de autosugestión apoyado en la asombrosa facilidad para adquirir armas de alto poder de fuego. El escalofriante atentado de Niza combina la iniciativa individual con el ambiente terrorista, lo que es algo diferente.

¿Por qué esta porfía en la facilidad para adquirir armas, incluso las más potentes? Los defensores aluden a la Segunda Enmienda (1791), que garantizó a los ciudadanos el derecho de portar armas. Son aquellas partes de un orden constitucional que nacen y se agotan en una circunstancia histórica cuando el Estado no alcanzaba su plenitud. No hay razón sin embargo para modificar el principio público de que el Estado es el que posee el monopolio de la "violencia legítima", es decir, el que puede portar armas mediante cuerpos especializados y emplearlas en determinadas circunstancias supuestas por la ley. EE.UU. parece estar atrapado por un "originalismo" constitucional incapaz de distinguir lo permanente de un texto (en esto también fallamos nosotros) de lo circunstancial, por importante que haya sido en un momento dado.

Estos no son problemas tan ajenos a nuestro Chile. Aparte de la inseguridad para todos, lo que ha puesto el dedo en la llaga es el conflicto mapuche, que en 26 años con alarmante curva de crecimiento solo se ha intensificado sin parar, con incremento de la violencia directa, de modo que en nuestra población se ha producido un acostumbramiento a este hecho en cuanto "noticia". Para la amplia capa de víctimas, el problema es existencial, y no precisamente en su sentido filosófico. Curioso, los escasos esfuerzos de defensa propia originaron una crítica indignada, completamente desproporcionada al compararla con la violencia sistemática, quizás planificada. Esta azota a la región en un intento de crear las condiciones de limpieza étnica que afecta a los criollos, aunque la inmensa mayoría en realidad tienen mucho de mestizos. No importa, toda ideología radical simplifica las cosas como técnica de movilización.

La defensa propia es un derecho y en ocasiones una necesidad; no debe sin embargo convertirse en regla. Al organizarse -en "vigilantes", por ejemplo-, siempre desarrolla conductas criminales y en nuestra América ha devenido en organización mafiosa. La tendencia es casi irresistible. Por ello hay que tener cuidado con la defensa propia, supremo derecho, arma de doble filo.

La condición imprescindible para evitar esta manzana envenenada para La Araucanía debe ser la primacía justamente de ese principio de la sociedad moderna: la prevalencia del monopolio de la violencia ejercida por medio del aparato público con eficacia en el marco del Estado de Derecho (por ello no es cualquier legalidad), dejando la defensa propia para casos extremos y circunstanciales. El problema nuestro es que precisamente asoma una expresión fallida del Estado en esa región; recuperar aunque sea el tiempo perdido será tarea ardua y no insinúo que sea fácil. Es diferente y al mismo tiempo concomitante con el aumento de la inseguridad, a pesar -sarcasmo desalentador- de la notoria mejoría del nivel de vida de los chilenos.