Cuando se indaga en las causas de la actual baja trayectoria de crecimiento surgen tres visiones claramente diferentes: 1) La influencia de la caída en la inversión minera en el escenario macroeconómico; 2) La escasa flexibilidad de la estructura productiva ante la realidad posterior al súper ciclo del cobre, y 3) El efecto de las reformas impulsadas por el Gobierno. Cada una de ellas debe ser evaluada tanto por lo ajustado de su diagnóstico, como por la viabilidad de sus recomendaciones de política. Al final, es probable que el camino más adecuado recoja elementos de las tres hipótesis, aunque antes de llegar a esta conclusión se debe explorar en forma rigurosa cada una de ellas.

La primera hipótesis -de orden macroeconómico- se fundamenta en la caída de 35% en la inversión minera desde 2013, que ha llevado el crecimiento de tendencia al entorno de 3,5%. La brecha entre este y el crecimiento de corto plazo debe ser compensada con una política monetaria expansiva: baja tasa de interés y mayor tipo de cambio.

En un ambiente de estabilidad y fundamentos económicos sólidos, esta política debiese generar los impulsos de demanda (inversión y consumo) para restablecer el crecimiento. Estas recomendaciones constituyen un camino conocido, por lo que son las preferidas por el Banco Central y Hacienda. Ambos están conscientes de que cualquier debilitamiento de la credibilidad anularía la efectividad de estas políticas.

Adicionalmente, hay otras iniciativas que podrían reforzar el efecto de las políticas macroeconómicas, como mejorar la eficiencia del gasto público, promover la inversión extranjera, desbloquear los proyectos de inversión y acelerar el programa de concesiones.

El enfoque macroeconómico tiene debilidades: se concentra solo en mejorar los fundamentos económicos; depende excesivamente del ambiente internacional; considera que la economía tiene la flexibilidad para crecer a su ritmo potencial; desconoce que el crecimiento es fundamentalmente un proceso de transformación en la asignación de recursos dentro y entre sectores, lo que requiere de acciones que van más allá del ámbito de la política macroeconómica.

La segunda hipótesis parte con el fin del súper ciclo de las materias primas -evidente desde 2013- y las limitaciones estructurales de las exportaciones tradicionales. En las últimas décadas, Chile creció en un entorno externo favorable que difícilmente retornará, por lo que el camino seguido hasta ahora continuará mostrando debilidades.

Por eso, es fundamental recurrir a una transformación gradual de la estructura productiva, en la que empresas y trabajadores se muevan hacia actividades de mayor productividad. Si bien se trata de un diagnóstico acertado, su principal debilidad es que las políticas de transformación productiva son raramente efectivas.

En el discurso del 21 de mayo, la Presidenta habló de "áreas de convergencia y acción común para tener una base productiva más sólida". Pero en la práctica, el Gobierno está centrado en sí mismo, lo que augura que la efectividad de sus acciones será nula. La transformación productiva que necesita el país depende de la acción conjunta de todos los actores, y el rol del Estado es movilizar el esfuerzo del sector privado y de la sociedad civil.

El enfoque tradicional de política pública supone que el Estado dispone de los instrumentos para conducir a la sociedad por la senda del bien común, pero en la complejidad del siglo XXI esta función solo se puede realizar actuando en conjunto con el resto de los actores. Los gobiernos deben abandonar la idea de operar en un sistema cerrado para interactuar en un ambiente abierto a los grupos que están más allá de los límites del sector público, en caso contrario, tendremos que conformarnos con un crecimiento en torno a un 2%.

La tercera hipótesis es que la desaceleración se origina en las iniciativas del Gobierno, fundamentalmente, el cambio de régimen tributario y la reforma laboral. Felipe Larraín sostiene que "el frenazo" se inició en 2013, cuando la Nueva Mayoría dio a conocer su programa. Esta visión omite que en ese mismo momento el precio del cobre acumulaba una caída de 25%, y que los países exportadores de materias primas activaban planes para enfrentar un escenario adverso, que Chile solo asumió en 2015.

Hace un año, el Banco Central señalaba que en "los últimos trimestres" la baja confianza empresarial explicaba una parte del bajo dinamismo de la inversión. Hoy existen escasas dudas de este efecto, por lo que una hipótesis que tenía poco sustento hace tres años, ha adquirido mayor relevancia en la actualidad.

El problema es que las recomendaciones más extremas de este enfoque son poco relevantes en el escenario político. La idea de cambiar de rumbo, sin tener claro hacia dónde, funciona más como una consigna de campaña que como un eje orientador de una estrategia de desarrollo. Si bien la idea de perfeccionar las reformas es plenamente válida, por sí misma no constituye un proyecto para impulsar un crecimiento sostenido.

Es evidente entonces que enfrentamos una paradoja: el diagnóstico macroeconómico es débil, pero ofrece un camino conocido, respaldado por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. En cambio, la hipótesis de la transformación productiva sintoniza con el sentido común y la evidencia internacional, pero no cuenta con la capacidad institucional para operar en esta dirección. La gobernabilidad que requiere el crecimiento futuro involucra un nuevo equilibrio de confianzas entre el Gobierno, la sociedad civil y el sector privado.