Estamos a 20 meses de que concluya el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet y del gobierno de la Nueva Mayoría. En términos de evaluación de la Mandataria y su gobierno, como de la coalición que la respalda, la situación es difícil. Hace más de un año que la Presidenta no supera el 30% de evaluación positiva, así como el Gobierno a su vez no supera el 20% de evaluación positiva; y la coalición, es decir la Nueva Mayoría, no supera el 15%.

Enfrentamos además tres elecciones en estos 20 meses. La municipal del 23 de octubre del presente año, las parlamentarias y presidenciales de noviembre de 2017, a lo que cabría agregar, por su proyección política, las primarias de ambas coaliciones en junio del próximo año.

En este cuadro, en múltiples conversaciones y diálogos con gente del Gobierno y la Nueva Mayoría, percibo una actitud pesimista respecto a la proyección del Gobierno en el próximo período presidencial. Una especie de resignación frente a la negativa evaluación ciudadana. Alterar tanto la subjetividad emocional como la objetividad en la evaluación ciudadana requiere tomar decisiones políticas relevantes. Es probable que en la elección municipal de este año, por su historia electoral, por su densidad organizacional, por el peso de la reelección en alcaldías importantes, nos lleve a un triunfo sobre la derecha. Así el 23 de octubre es posible ganar en los cuatro escenarios en que se mide esta elección: Es decir, más alcaldes que la derecha, más votos de alcaldes que la derecha, más concejales que la derecha y más votos de concejales que la derecha. Es decir 4-0. Indicador de esta aproximación electoral es cómo la derecha ha instalado comunicacionalmente el resultado de octubre, no se atreven a un 4-0 a la inversa, sino que han situado su éxito en algo menor: tener más alcaldes, más concejales y sus respectivas votaciones con respecto al pésimo resultado que obtuvieron en la última elección municipal de octubre de 2012.

Pero en mi opinión no bastaría esta inyección de ánimo para el Gobierno y la coalición en el resultado de octubre, y debiéramos tomar un conjunto de decisiones políticas que reviertan tanto el estado de ánimo de nuestras "tropas" como un mejoramiento de la evaluación ciudadana, tanto a la Presidenta como al Gobierno y la coalición.

Algunos ejemplos en esta dirección. No se entiende que el Gobierno no apure, a través del proceso legislativo, dos propuestas de inmenso respaldo ciudadano, como son los proyectos de aborto terapéutico y de matrimonio igualitario. En ambas iniciativas, de hecho, tenemos diferencias internas que hay que comprenderlas. Sin embargo, esas diferencias no pueden constituirse en vetos que impidan legislar en temas relevantes y de amplio respaldo ciudadano. En materia de seguridad ciudadana y orden público, está clara la orientación de la ciudadanía. Nos exige mayor eficiencia en ambos temas. En este plano, respaldar la iniciativa parlamentaria con respecto a la ley antiencapuchados sería una oportunidad, así como ser más explícito en el respaldo a la fuerza pública tanto en sus tareas de orden como de lucha contra la delincuencia.

Se definió estratégicamente en la mitad de este gobierno que el verbo es consolidar. En otras palabras, "la obra gruesa está hecha", pero nos falta una acción política con respecto a las reformas ya logradas o en curso. Por ejemplo, explicar una y otra vez que sin la reforma tributaria no tendríamos los recursos para la reforma educacional, y explicar una y otra vez que dicha reforma no fue pagada por los sectores medios y populares, considerando que de acuerdo al Banco Mundial el 93% de la recaudación se obtuvo del 1% más rico de Chile. En materia laboral, promulgar al más breve plazo la reforma aprobada y explicar una y otra vez que, no obstante la pérdida de la titularidad sindical, se lograron tres objetivos importantes para el mundo sindical organizado. A saber: la huelga efectiva, la negociación interempresas, y la extensión de beneficios de común acuerdo entre empleador y sindicato. En materia educacional, explicar una y otra vez los beneficios cuantitativos de la ley de inclusión, con respecto al fin gradual del financiamiento compartido; así como explicar una y otra vez, con indicadores objetivos, la expansión de la cobertura en la educación preescolar, que tiene alto impacto ciudadano en los sectores populares y medios. En este mismo orden de cosas, y más allá del trámite legislativo, garantizar que el próximo año la educación superior gratuita se expandirá a los institutos profesionales y CFT, obviamente acreditados y sin fines de lucro, que beneficiará a decenas de miles de familias de sectores medios y vulnerables.

No tengo por ahora más espacios para otras ideas, pero llamo a no rendirse en los 20 meses que le quedan a este gobierno. Si hacemos las cosas bien, es posible triunfar en octubre de este año y en noviembre del próximo.