Concurre la Presidenta Bachelet, acompañada de varios de sus ministros, a la sede de la OCDE en París -club de "economías avanzadas" al que pertenecemos- para presidir su consejo de ministros. Discuten sobre la conexión entre productividad e inclusión social, tema que no puede sernos más pertinente: en aras de una mayor inclusión social, el Gobierno ha promovido políticas que desalientan las inversiones y la productividad. Esa estrategia es en parte responsable del virtual estancamiento de la marcha de nuestra economía. La propia OCDE recibe a la delegación nacional con un humillante recorte a tan solo 1,5% en su proyección anual de crecimiento para Chile.

La visión de esa institución debería interesar a nuestras autoridades. Concuerda ella en la importancia de reducir las desigualdades, pero dirige su atención especialmente hacia la falta de oportunidades de educación y empleo, esto es, a la desigualdad de oportunidades más a que a la de resultados. Agrega que ampliar las oportunidades de los sectores vulnerables -habla del 40% más pobre- no solo hace a la sociedad más incluyente, sino que también eleva su productividad, porque le permite aprovechar mejor todos sus talentos. Su recomendación es que los gobiernos inviertan más en educación preescolar y en infraestructura. Así también, que eliminen las trabas regulatorias o de otra índole que inhiben la competencia y la innovación. Admite que ello puede provocar algún incremento de la desigualdad de ingresos, pero que vale la pena, porque ayuda a crear empleos y promueve la movilidad social.

Como poco o nada de lo que hace el Gobierno apunta en esa dirección, se esperaría del organismo alguna crítica constructiva, pero según la prensa no ha sido así. Tal vez haya en ello un malentendido: el término "reforma estructural", profusamente usado para caracterizar al programa de gobierno, es también empleado allá para describir políticas de apertura y flexibilización de mercados. Pero ni la gratuidad universitaria, ni el empoderamiento sindical para obtener alzas salariales por sobre la productividad, ni el fuerte aumento de los impuestos a las empresas forman parte de la agenda que promueve la OCDE para Chile u otros países.

Preguntado su secretario general, el mexicano Ángel Gurría, por las tres principales reformas del Gobierno, afirma que "son cruciales". Sin embargo, en relación con la reforma laboral, parece entender que las críticas, así como las protestas sindicales que también ha despertado la reforma que promueve el gobierno socialista francés, son un costo inevitable de las medidas modernizadoras. Ignora, al parecer, que la nuestra avanza en la dirección opuesta a la de la iniciativa gala, que propende hacia un mercado laboral menos rígido. Ni siquiera las exigencias de la diplomacia deberían impedirle reconocer que las recetas de la OCDE para la productividad y la inclusión están en las antípodas de lo que se intenta acá.